La Convención sobre los derechos del niño fue adoptada en noviembre de 1989 y Ecuador la ratificó en 1990; en estos cerca de 20 años el país ha rendido cuatro exámenes de cumplimiento de este tratado internacional ante el Comité de Derechos del Niño.

En el primero en 1998, el comité ya expresaba dos preocupaciones centrales: por una parte, la estructural naturalización del maltrato infantil, ya que el informe del Estado afirmaba que “el maltrato infantil es una práctica culturalmente aceptada y justificada”; y, por otra, la limitada coordinación entre las distintas entidades gubernamentales que se ocupaban de los problemas de los niños en los planos nacional y local; en otras palabras la ausencia de un sistema de protección.

Para el año 2005, en el segundo examen al país, el comité mantuvo su preocupación “… por el elevado número de niños víctimas de la violencia”; sin embargo, reconoció que la aprobación, en 2003, del Código de la Niñez y la Adolescencia constituyó un avance; sumado al establecimiento en 2004 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, como órgano de coordinación de los organismos oficiales encargados de ejecutar las políticas públicas; el sistema especializado de justicia y el establecimiento de los Consejos Cantonales de la Niñez y la Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos pese a su limitada coordinación.

En el tercer examen, en 2010, el comité consideró preocupante que los castigos corporales todavía no estén prohibidos explícitamente en el hogar y sigan siendo una forma de disciplina culturalmente aceptada; y llamó la atención por  la reforma legislativa en la cual el Consejo Nacional y el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia quedaban subordinados a un nuevo consejo o subconsejo de equidad intergeneracional.

En 2017, en el último examen, el comité reafirmó su preocupación por la prevalencia de la violencia física, sexual y psicológica, y el abuso contra niños de todas las edades, en el hogar, la escuela, el transporte y espacios públicos, infligidos por padres, maestros, socios, cuidadores y/o compañeros de clase; y al tiempo, demanda fortalecer el sistema de protección especializada para los niños y establecer políticas públicas para combatir y eliminar cualquier forma de violencia como método de crianza de los hijos.

En la coyuntura se debe evitar hacer un uso político de un tema históricamente sensible, pues se trata de la niñez, aquella por la cual el interés superior demanda promover un sistema integral de prevención, protección y restitución de derechos; que implica inversión pública, participación comunitaria, activación de los diversos niveles de gobierno; es decir, va más allá de la reforma de normas que puedan ser utilizadas como muletillas de popularidad por actores políticos y sociales. (O)