Durante los últimos meses han crecido de manera exponencial las denuncias de violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en diversos centros educativos, marcando la preocupación social, mediática y política de diversos actores y desnudando la histórica relación de poder desproporcionado del mundo adulto con quienes no han cumplido los 18 años de edad.

En 2014, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) junto con Unicef, Plan Internacional y el Observatorio Social del Ecuador, con mucha precisión afirmaban en una investigación sobre la niñez y adolescencia en el Ecuador contemporáneo, “… que la violencia alcanza a todos los estratos sociales, tiene diversas formas y sus consecuencias siempre afectan a toda la sociedad.”, sin embargo, quienes tienen mayor riesgo de soportar la violencia en los espacios públicos y privados son los NNA.

Los registros de violencia receptados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social y sistematizados en 2014 dan cuenta de casos de abuso sexual, negligencia, maltrato físico, maltrato institucional, maltrato psicológico y violencia intrafamiliar; destacando que el 42% de las razones de violencia grave responde a la falta de cuidado en los hogares; siguiendo en su orden el maltrato psicológico, físico y abuso sexual, con el 25%, el 18% y el 7%.

En 2016 el CNII, Unicef y organizaciones como el Observatorio Social, CARE, Plan Internacional, Save the Children y World Vision, publicaron un informe sobre niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad, en el que se evidencia el traspaso generacional de la violencia: “… en el pasado, el 18% de quienes ahora son padres o madres vio a sus progenitores maltratarse. Pero en el presente, el 30% de los y las adolescentes son testigos de este maltrato.”, generando un 62% de aceptación de la violencia por parte de NNA y en consecuencia su normalización.

El sistema educativo es el otro escenario donde se reproducen estas relaciones de poder; lo cual se ve reflejado en la información del INEC, ENEDMU y la Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil de 2015, que establece que el 26% de niños de entre 5 a 17 años está expuesto a golpes, insultos y privación de recreo; lo cual demanda acciones de investigación y sanción a los responsables y reparación a las víctimas.

Frente a esta realidad, Ecuador no cuenta con un sistema integral de protección de derechos y el sistema especializado para NNA se ha debilitado; pese a que desde abril de 2015 hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, ni esta función, ni el Poder Ejecutivo lo priorizan; mientras el país se debate en disputas políticas por controlar la institucionalidad, utilizando recursos que bien podrían destinarse a la construcción de un sistema integral que garantice derechos. (O)