El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, proclamado por Naciones Unidas en 2013 a través de la resolución A/RES/68/192, para crear conciencia de la situación de las víctimas y promover y proteger sus derechos. Según organizaciones humanitarias mundiales, cerca de 35.000 millones de euros circulan anualmente en el mundo producto del negocio.

Poderosas mafias internacionales se enriquecen con la trata de personas, siendo la inefable mercancía la libertad, la integridad y la vida de seres humanos, sujetos a explotación sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos, servidumbre doméstica y reclutamiento forzado.

Los gobiernos, las organizaciones civiles, las instituciones nacionales de derechos humanos, la comunidad internacional, el sector privado y las víctimas sobrevivientes, hacen esfuerzos para prevenirla; sin embargo, las estructuras económicas que generan pobreza e inequidad y reproducen estereotipos y discriminación, niegan las oportunidades que demandan las víctimas y potenciales víctimas; por ello los esfuerzos por investigar, procesar y sancionar a los responsables debe complementarse con la asistencia, protección y generación de oportunidades para los proyectos de vida de las personas afectadas.

Ecuador es un país de origen, tránsito y destino para la trata. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se han identificado casos con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, servidumbre y reclutamiento forzoso, afectando mayormente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. La Unidad contra la Trata del Ministerio del Interior registra que entre “los principales destinos de la trata transnacional están: Colombia, Perú, República Dominicana, Chile, Brasil y Uruguay; mientras que dentro del país se han detectado casos en Pichincha, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Chimborazo, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Manabí, Azuay e Imbabura”.

Ecuador ha ratificado el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y a nivel interno promulgó el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y otra normativa; no obstante, no sanciona explícitamente el uso de servicios. Pese a contar con el Plan Nacional para combatir la trata de personas de 2006, ha tenido dificultades para implementarla por la falta de recursos, lugares de atención, tutela efectiva, por centrar su accionar en la explotación sexual dejando de lado otras formas de explotación y porque el contexto actual difiere social e institucionalmente de cuando fue creado. La tarea es enorme, la corresponsabilidad institucional y social constituye una necesidad; la participación de la sociedad civil y el desarrollo de acciones desde la intersectorialidad es una vía. Esperamos la voluntad política de este tiempo para avanzar. (O)