Esta ‘muerte civil’ fue una propuesta del exfiscal Whasington Pesántez. Lo hizo hace años y la mayoría oficialista no lo consideró, no me queda clara la razón. Hoy día se lo intenta retomar por un tema coyuntural y después de tanto años de no saber qué ha pasado sale la punta del iceberg y la gente como que se ha impresionado.         

Pero también hay que tomar en cuenta que esta clase de normas pueden resultar peligrosas porque en nuestro país al enemigo la ley se le aplica con mucha fuerza, pero el amigo se la interpreta. No vaya a ser que esta norma sea aplicada con dedicatoria a unos casos y sea soslayada en otros; es el problema que tenemos hoy en el país. La dificultad que tenemos actualmente no es la ausencia de norma, sino la aplicación disímil de la misma norma a casos similares.

Es imposible que esta ley no se convierta en un arma de doble filo. Me parece bien que a quien se haya descubierto en esta clase de actos de corrupción no solo se le aplique la inhabilitación política prevista en la Constitución, sino que también se le prive de la facultad de ejercer otros actos políticos.

Que una persona que incurre en  corrupción o quienes se aprovechan del cargo para obtener beneficios personales o si directamente roba del erario público esas personas nunca más deben poder manejar la cosa pública.

Eso es más grave que robarle a un particular, que ya es delicado, porque se está afectando los dineros con los que se pagan los servicios públicos, y la posibilidad de que desarrolle una nación se alteran por los actos de corrupción.

Por supuesto que esas personas deben ser sancionadas de por vida.

Pero si la norma se va a aplicar para los unos y no para los amigos del poder, déjelo ahí nomás. Porque cuando existe una ley hay que aplicarla, no es una cuestión de gusto o color del funcionario judicial. Lo otro es lo que hemos visto durante años: privilegios y violación de la ley, saltarse la Constitución.

Ahora, para asegurar que eso no ocurra, existe el sistema de evaluación de funcionarios. Antes la norma era más gravosa porque ahora la sanción es de 2 años y antes era de 7 años. (O)