La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, señaló en su discurso del 24 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Pichincha que las pérdidas por la corrupción en Ecuador serían de 24 mil millones de dólares, según estimaciones de la Comisión Nacional Anticorrupción.

“Esa cifra equivale a la suma de todos los recursos necesarios para superar el déficit de vivienda social, para pagar las jubilaciones de los maestros, para un transporte público de calidad...”, recalcó.

Ella se comprometió a presentar un proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que ya está listo, para recuperar el dinero público robado por los funcionarios del Estado. La iniciativa tiene dos mecanismos: el primero es la devolución voluntaria de quien haya participado directa o indirectamente en la desviación ilegal, la malversación o cualquier otro tipo de administración ilegal de los recursos públicos.

Esta persona podrá devolver esos fondos o proveer información certera para su rastreo hasta antes de la audiencia de juicio. El segundo es la entrega de información válida y exacta de mal manejo de recursos por parte de personas que sepan de actos ilícitos sin haber participado en ellos. Ellos serán beneficiarios de un porcentaje de lo recaudado, cuyo monto se determinará en el reglamento de aplicación a esta ley.

Los legisladores de este período han hablado mucho sobre corrupción, especialmente desde junio de 2017, cuando se destapó el caso de Odebrecht que arrastró al exvicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera. Actualmente, hay 11 iniciativas anticorrupción en la Asamblea, 2 topan la extinción de dominio. Y solo existe un proyecto de Ley de Extinción de Dominio que fue presentado en diciembre de 2017, por Carlos Baca, exfiscal y asesor del expresidente Rafael Correa. Esa iniciativa está en la Comisión de Justicia, pero ya han pasado 5 meses y sigue sin tratarse.

Si este es un tema crucial para el país, ¿por qué los comisionados y su presidenta, Marcela Aguiñaga, no desempolvan esa propuesta? Incluso un integrante de esa Mesa Legislativa ha insistido en su tratamiento, pero nadie lo ha escuchado. En 2008, el exfiscal y excandidato a la presidencia, Washington Pesántez, y el exprocurador, Xavier Garaicoa, entregaron una iniciativa de Ley de Extinción de Dominio a la Asamblea, pero tampoco pasó nada. (O)