El desarrollo de un país puede verse frenado por la falta o el mal uso de los recursos energéticos, debido a que su transversalidad determina el crecimiento de la sociedad, en todas sus dimensiones. En este sentido, también hay que considerar que la autonomía energética nacional es un concepto utópico, debido a que en realidad se requiere de la cooperación de distintos actores internacionales para garantizar la provisión energética, pero además, el desarrollo social en sus distintos ámbitos.

Uno de los procesos que promueve soluciones tecnológicas y científicas, con variadas capacidades de configuración para cubrir las necesidades de los diferentes sectores, es el uso eficiente de energía. Por ello  se han creado organismos y entes  internacionales encargados de diseñar e implementar medidas para reducir el déficit energético y mitigar el cambio climático.

Estudios sobre la interacción entre consumo, contaminación y pobreza ponen en evidencia la participación del acceso a la energía en la calidad de vida. En los 27 países de América Latina y el Caribe, se ha dado una importante atención al uso eficiente de energía, reflejada en la diversa configuración de los aspectos político, normativo e institucional; así como, en el rol de los actores, recursos, mecanismos de financiamiento, resultados, lecciones aprendidas y la identificación de barreras en las diferentes etapas, analizados en cada país con el fin de conocer la evolución de los programas y acciones para su promoción y desarrollo.

Como iniciativas para ampliar y mejorar la cobertura energética se ha introducido el uso de fuentes renovables, que además contribuyen con la reducción de emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, resultados sobre el impacto al ambiente en zonas donde los niveles de desarrollo son considerados bajos, como en América Latina, muestran que emisiones de CO₂ relacionadas con el uso de energía per cápita, son menores frente al de países desarrollados. Un latinoamericano emite en promedio 2.9 toneladas de CO₂ al año, a pesar que el déficit cualitativo en viviendas representa un 72% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En este contexto, el uso eficiente de energía propone una dinámica aplicación de soluciones para la producción, distribución y uso. Además, el establecimiento de un marco legal que acompañe la definición y puesta en práctica de políticas energéticas permitirá el desarrollo holístico de este proceso; lo que implica conocer el entorno nacional para aterrizar las estrategias y soluciones que se adapten al medio, considerando experiencias internacionales que se orienten al desarrollo energético y ambiental sostenible.

Ecuador alineándose a este reto, estableció objetivos nacionales de desarrollo y escenarios macroeconómicos con base en un  diagnóstico  crítico  sobre  los procesos  económicos,  sociales  y  políticos  que  han  caracterizado  al  país en  las  últimas  décadas. Este acertado enfoque ha conducido al desarrollo de herramientas como el “Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035” (PLANEE), que plantea como umbral mínimo de energía evitada en los sectores residencial, comercial y público, industrial, transporte y consumo propio del sector energético, sea de alrededor 543 Mbep (millones de barriles equivalentes de petróleo). Como acción clave se plantea la articulación de diferentes actores en los programas y proyectos que se realizarán a nivel nacional, con el objetivo de incrementar la eficiencia energética en la oferta y demanda. Además, según el PLANEE se propicia el uso eficiente de energía  como una práctica insertada en al proceso cultural, respaldada en una base jurídica e institucional sólida.

Maximizar los beneficios con base en los lineamientos trazados en el PLANEE es uno de los retos. Esto representa sumar la generación de conocimiento científico, para proponer soluciones desde el contexto social hacia el crecimiento tecnológico y económico.