Interrupción voluntaria del embarazo, derecho a la salud y la vida
Argentina atraviesa una profunda crisis económica y sanitaria. Los problemas heredados de las administraciones de Kirchner y Macri han agravado a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Está proyectado que 2020 cierre con un decrecimiento del PIB de 10.5%, una inflación de 42.2% y niveles de pobreza de 40.9%. Hasta esta semana reportó más de 1.3 millones de casos con SARS-CoV-2 y más de 36 mil fallecidos. En este contexto, el presidente Alberto Fernández presentó dos proyectos de ley para garantizar el derecho a la salud y la vida.
El primer proyecto de ley regula el acceso gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la atención postaborto en los servicios de salud que podrá solicitarse hasta la semana 14 del proceso gestacional; en el caso de embarazos por violación o peligro de la madre, la IVE podrá solicitarse en cualquier momento. También, elimina la pena privativa de la libertad cuando la IVE sea antes de la semana 14; por el contrario, penaliza con prisión de tres meses a un año cuando un funcionario público dilatare, obstaculizare o negare una IVE.
El segundo proyecto de ley establece un pago anual de una suma de dinero en beneficio de las mujeres gestantes por cada hijo menor de tres años siempre que acredite el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario. El Estado será responsable de la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable del embarazo y la niñez.
El presidente Fernández resaltó que la criminalización del aborto no sirve para nada. Cada año, alrededor de 38 mil mujeres argentinas son hospitalizadas por complicaciones en abortos clandestinos y, desde el retorno a la democracia en 1983, más de 3 mil mujeres argentinas murieron. Así, Argentina suma a la lista en que, también, constan Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, entre otros muchos más.
En nuestro país, mientras que la IVE está penalizada, el 15.6% de las muertes maternas son resultado de abortos clandestinos; cada año, la vida de más de 2 mil niñas menores de 14 años está en riesgo; y, cada día, 6 niñas abortan y 7 paren a sus hijos en hogares condenados a la pobreza. (O)