El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. La Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1994, a través de la Resolución A/RES/49/214, dedicó este día para que la comunidad internacional reflexione y actúe sobre la situación y los derechos de estos pueblos.

Según datos de esta instancia internacional, los pueblos indígenas representan a más de 5.000 grupos de 90 países y hablan cerca de 7.000 lenguas diferentes. Los conforman 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población mundial; sin embargo, representan el 15% de los más pobres. En Ecuador, según el INEC, la población indígena bordea el 7%, aunque el movimiento indígena y otros actores señalan que llegaría al 30% o 40%. En el país hay 15 nacionalidades indígenas y más de 38 pueblos.

Ecuador como parte de la comunidad internacional asumió obligaciones producto de la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos, así como por los compromisos de cara a los mecanismos creados por las Naciones Unidas, destacando el Examen Periódico Universal y los comités responsables de vigilar el cumplimiento de los tratados. Estos han reconocido avances estructurales, de políticas públicas y resultados efectivos en su implementación. Respecto a los pueblos indígenas se aprecia el reconocimiento constitucional del Estado intercultural y multiétnico, el principio del sumak kawsay que proyecta la construcción de relaciones sociales en armonía con la naturaleza, el desarrollo de planes nacionales inclusivos, la aprobación de leyes con enfoque intercultural y el mejoramiento de la inversión social especialmente en educación y salud.

Sin embargo, también observan la necesidad de afrontar retos tales como la desnutrición infantil, el persistente analfabetismo y su incidencia en lo rural, la discriminación de facto que sufren las mujeres indígenas, las complejas condiciones de acceso a la justicia y a la tierra en zonas rurales, la limitada participación de las mujeres en la vida pública a nivel local y su múltiple vulnerabilidad por razones generacionales o de discapacidad.

Los órganos de las Naciones Unidas de manera reiterada sugirieron la discusión y aprobación de la Ley de Consulta Previa a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades que establezca las reglas sobre la materia y disminuya la conflictividad social, el desarrollo de legislación que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y ordinaria, así como su preocupación de la situación y vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Estos retos constituyen una ventana de oportunidad para que la sociedad y la institucionalidad estatal, con la activa participación de los pueblos indígenas, construyan desde la interculturalidad y plurinacionalidad el Estado diverso y democrático, siempre posible. (O)