Los impuestos –mal denominados contribuciones– con informe de mayoría en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, incluye gravar los ingresos de personas naturales (8,5% al 36%), a las utilidades de las sociedades (5%) y a las sociedades en paraísos fiscales con inmuebles en el país (2%).

La grave situación económica deficitaria del país obliga a buscar recursos de los ciudadanos (formales), ya que la disponibilidad de fondos para imprevistos no existe.

Surgen varias inquietudes: ¿Los ciudadanos con capacidad económica están dispuestos a pagar más impuestos para afrontar la pandemia? Sí. ¿La ley asegura que los recursos no servirán para cubrir otros gastos del Estado? No. ¿La ley asegura que los recursos no cubrirán adquisiciones con sobreprecios? Tampoco.

De tal manera que no existe legitimidad para exigir una mayor carga de impuestos si no está asegurada la calidad del gasto; que cada dólar ingresado sirva para cubrir la asistencia sanitaria y provisión de recursos a los más afectados por el covid-19; y que no se lo haga con la compra de productos a empresas con relaciones familiares o “comerciales” de quienes manejan procedimientos de compras públicas. Por qué no pensar en un procedimiento en la que el ente público envía una “orden de adquisición” a un sistema de compras que procesa ubicando en el mercado local e internacional al proveedor que ofrezca los productos de calidad y al menor precio. En realidad consiste en tener un software con todas las directrices objetivas de selección y con mayores elementos de juicio y de objetividad, que den certeza a los contribuyentes que los recursos recaudados han sido óptimamente utilizados. Certeza que hoy no existe. La propuesta del Gobierno de centralizar las compras, en realidad no elimina el problema (corrupción). Es pasar de muchos jefes de compras públicas a centralizarlo en pocos, y pasar de una corrupción descentralizada a una centralizada, que podría ser más dañina y perversa que la primera. La propuesta de compras públicas por “la nube”, no exenta de manipulación, es más complicada y puede ser detectada, elimina los sesgos, subjetividades y prejuicios que tiene todo individuo, aún sin pagos de por medio para beneficiar a otro con un contrato. Lo importante de la reforma no es la legalidad, es la legitimidad. (O)