En las últimas semanas algunos medios de comunicación concentrados de América Latina y el Caribe comenzaron una nueva campaña contra Rafael Correa y su gobierno. ¿El motivo? La aplicación de la figura de “linchamiento mediático”, provista por la Ley Orgánica de Comunicación, al canal Teleamazonas, de la ciudad de Guayaquil. Un ejemplo: el diario argentino Clarín tituló, el 12 de agosto pasado: “Sancionan a un canal en Ecuador por un informe que criticó al gobierno”.

¿Qué había dicho en concreto Teleamazonas? Durante cinco semanas se habían referido a una compra de medicamentos promovida por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) con “información distorsionada, sesgada e imprecisa”, de acuerdo a los dichos del titular de este ente, Santiago Vásquez Cazar. Las frases utilizadas por Teleamazonas fueron bastante elocuentes: durante aquel tiempo hablaron de “el riesgo que supone comprar medicamentos baratos” y anunciaron que “no conocemos su real efecto y su calidad”, buscando deslegitimar la capacidad de Sercop. Llegaron al punto de decir que “si luego se pierde la vida no se ha ahorrado nada”, editorializando más allá del límite, con un tema que amerita ser tratado con mucho cuidado, visto y considerando su función social.

Ante esas atribuciones, y de conformidad al artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, la Sercop inició una acción legal por “linchamiento mediático” ante la Superintendencia de Comunicación. Ese artículo manifiesta que “queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de manera concertada (…) con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad política”. Consultado en relación a esta nota, Santiago Vásquez dijo que “la ciudadanía merece recibir información verificada, contrastada, contextualizada”, tras lo cual reafirmó que “Teleamazonas vulneró este derecho con la difusión reiterada y concertada de información distorsionada, descontextualizada, sesgada e imprecisa que genera alarma en la población”.

¿Cómo se saldó el tema? La Superintendencia de Comunicación, en resolución del 4 de agosto pasado, determinó que existió “linchamiento mediático” con afán de desprestigiar a Sercop. “Los medios de comunicación son instituciones que también deben rendir cuentas a la ciudadanía, porque la información es un bien público, un bien social”, dijo al respecto la Secretaría Nacional de Comunicación del Ecuador, cuando la consulté sobre este diferendo. En su nota del 12 de agosto, Clarín aludió a una “presión sobre los medios” de parte del gobierno de Correa. Eso “no es más que la aceptación tácita de ciertos canales y periódicos de querer mantener las prácticas periodísticas poco éticas a las que siempre han estado acostumbrados”, puntualizó la Secom, saliendo al cruce del periódico argentino.

El debate de fondo, que no quieren dar algunos medios corporativos de nuestra región, es hasta qué punto se puede seguir aludiendo a una supuesta “libertad de prensa” que para algunos no es más que una “libertad de empresa”. ¿Por qué la SIP defiende a los grandes conglomerados, como en este caso, y no a la población a la que se la somete a una información no corroborada? ¿Qué intereses concretos habrá tenido Teleamazonas para intentar desacreditar la compra de medicamentos que llevó adelante el Gobierno ecuatoriano? ¿Por qué Clarín habla de un “informe que criticó” al Gobierno cuando claramente se ha evidenciado el sesgo proporcionado por Teleamazonas, algo que va por lejos más allá de una simple “crítica”? Son preguntas que quedan rebotando en el aire cuando uno se pone a analizar fríamente la información que llega desde aquel país.

Nuestra región debe darse una profunda discusión sobre el rol de los medios de comunicación concentrados en relación al andamiaje social. Ecuador es, por su legislación progresiva y su intento consecuente por desarrollar un debate en relación a este eje, un interesante punto de partida para ello. El caso de Teleamazonas y su “linchamiento mediático” al Estado ecuatoriano demuestran que no todo es posible en materia comunicacional. (O)