Cuando un Gobierno se caracteriza por su autoritarismo, no respeta los mínimos procedimientos democráticos; así sucedió con el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas, organismo que en los dos años del Gobierno pasado, apenas sesionó siete veces. Todo lo resolvía el líder de la banda delincuencial organizada, que manejó los recursos económicos generados por la Ley de Solidaridad y por las donaciones internacionales.

Tantas fueron las arbitrariedades cometidas con el dinero de la reconstrucción, que se lo utilizó hasta para pagar una cuota de la deuda externa,  señalando el ministro de Economía de esa época, que era momentánea , manifestando que utilizó un “dinero ocioso” . Lamentablemente, hasta ahora existe la voluntad para transparentar la ruta del dinero robado.

No hay crimen perfecto, como lo evidencia el acta del 22 de mayo del 2017, aprobada 48 horas antes de la posesión del presidente Lenín Moreno. Es una evidencia plena, irrefutable. Nos indica que el comité presidido por Jorge Glas y certificado por Carlos Bernal, señala esa acta, legalizó casi 600 contratos por un monto de 2.900 millones de dólares de los 3.500 que fueron recaudados, vía ley de Solidaridad y de donaciones extranjeras. Sin pudor se festinaron esos sagrados recursos en obras que no fueron priorizadas; haciendo autopistas y parques, reparación de aviones y buques de las Fuerzas Armadas y no para la reactivación económica de los damnificados;  y mucho menos, para la construcción de los hospitales, que fueron afectados por el terremoto y que ahora ante la pandemia serían de mucha utilidad.

Este atraco se encuentra en el informe de la auditoría realizada por la Dirección Provincial de Manabí de la Contraloría General del Estado,  aprobado por el propio doctor Pablo Celi, quien lo envió  a la Fiscal General para que inicie su indagación. Sorprendentemente, el 13 de septiembre del 2019, le concede un Recurso Revisión. Por este motivo desde la CNA de Manabí y Esmeraldas insistimos se revoque ese  recurso,  porque beneficia a los ladrones de la Reconstrucción, la historia lo juzgará.

Al recordar cuatro años  de la tragedia, las organizaciones sociales democráticas exigimos se haga justicia a las víctimas y damnificados, también al pueblo ecuatoriano, los organismos internacionales y países amigos, como el crédito blando otorgado por el Gobierno de la República Popular China, de mil millones de dólares, que con sacrificio y solidaridad dieron sus aportes para la reconstrucción y reactivación económica de sus hermanos manabitas y esmeraldeños.

Hacemos un llamado a los legisladores  ecuatorianos, para que respalden a la legisladora Tanlly Vera y no avalicen con su silencio la impunidad de estos hechos. Además, justifiquen su facultad de fiscalización y que su paso por la Asamblea no sea en vano. Llamen a los funcionarios de control, Contralor, Fiscal y Procurador General del Estado,  para que informen y den a conocer qué han hecho para sancionar y recuperar lo robado. (O)