Más allá de los gravísimos impactos sociales y económicos, la pandemia ha desnudado profundos problemas estructurales de la institucionalidad ecuatoriana. Uno de ellos es el rol y alcance que tienen los municipios para incidir en la gestión integral de las ciudades. No más de una decena de ayuntamientos, tienen una relativa capacidad de incidencia en el ámbito económico y productivo de sus ciudades.

Estos mismos municipios tienen importantes limitaciones al momento de tomar decisiones que incentiven o modifiquen el comportamiento en el sector productivo. Ahora mismo, en Quito se solicita al municipio que elimine las restricciones de movilización de los autos particulares para permitir un mayor movimiento comercial y de consumo como medida que mitigue los impactos en la economía de la ciudad y que baje algunas tasas impositivas (predial, patentes, licencias de funcionamiento, etc.), que permitan dotar de mayor liquidez al sector empresarial.

Si lo pensamos detenidamente, estas son apenas medidas paliativas que se derivan de instituciones locales (GAD cantonales) concebidas para administrar servicios (con severas deficiencias en la mayoría de los casos) y no para gobernar ciudades.

En lo relativo a los niveles de gobierno, tenemos un marco normativo lírico y declarativo que no favorece su fortalecimiento. El centralismo sigue siendo un problema estructural del país, reforzado en la década correísta con las peores prácticas de corrupción y clientelares. Hoy en día este aspecto no se debate y no existe una propuesta de cambio. La débil institucionalidad de los GAD, reflejada en la alta dependencia de las transferencias del gobierno central, es factor determinante en el subdesarrollo de las ciudades.

El análisis macroeconómico respecto al rol del Estado y del mercado han copado el interés de los medios, la academia, los expertos y los políticos que poco conocen del tema, dejando al margen el factor local, suponiendo de manera implícita que la economía es homogénea, que los bienes y servicios entregados por el gobierno se dan por igual en todas las áreas geográficas y que la participación de los agentes y su comportamiento son homogéneos.

El desarrollo económico debe tomar en cuenta la dinámica territorial que requiere una institucionalidad local que incorpore en el marco de su heterogeneidad social y productiva, factores de gobierno de las ciudades como la organización y gestión de la producción e innovación locales, la participación y concertación de sus actores en cuya cabeza debe estar un municipio fuerte que sabe hacia dónde lleva a su ciudad. (O)