UNAM y Red de Politólogas

Las mujeres que participan en la política —como militantes de partidos, candidatas y funcionarias electas— enfrentan violencia en razón de género. A décadas del reconocimiento del sufragio femenino y de la implementación de las acciones afirmativas que pretenden fomentar su acceso a las instituciones, hay quienes las consideran intrusas y recurren a diversos tipos y modalidades de violencia para mantener el carácter masculino de la política. Esa violencia —simbólica, psicológica, económica, física o sexual— es una de las principales barreras para el acceso y ejercicio de la ciudadanía y los derechos de las mujeres en América Latina.

Esta demanda hace urgente frenar la violencia. Para hacerlo, es necesario transformar la actividad política y esto se puede lograr desde tres espacios: desde el Estado, desde los partidos y desde la sociedad. Primero, el Estado debe desplegar las políticas públicas necesarias para atender la violencia que sufren las mujeres en la política, por el mero hecho de ser mujeres. Es indispensable que los países de la región adopten la legislación adecuada, que permita reconocer, identificar, investigar, sancionar y erradicar este fenómeno. Hasta el momento, únicamente Argentina, Bolivia, Ecuador y México han legislado al respecto. El resto están ignorando el problema o aún no consiguen los consensos entre las élites para atender esta situación, dejando sin protección adecuada a la mitad de su ciudadanía.

Segundo, los partidos deben cambiar. En su interior dominan todavía las formas patriarcales, misóginas, sexistas, discriminatorias y excluyentes de hacer política. Frenar la violencia que enfrentan las mujeres exige que los partidos reconstruyan las relaciones entre su militancia, promoviendo la igualdad y la paridad de género en todos los ámbitos de la actividad política.

Tercero, la sociedad debe asumirse como el agente de cambio. Las mujeres feministas y los hombres aliados deben exigir al Estado, a los partidos y a los medios un cambio profundo en su actuar y un firme e incondicional rechazo de cualquier atisbo de violencia política contra las mujeres. Se requieren estrategias multidimensionales. Estado, partidos y ciudadanía deben actuar con firmeza. Solo así será posible frenar la epidemia de la violencia y lograr el pleno y libre ejercicio de los derechos políticos para todas las mujeres.