El 28 de octubre, Brasil cerrará el presente ciclo electoral eligiendo al próximo Presidente de la República. La actual contienda será una de las más competitivas de la historia reciente, pero sería una exageración hablar de una polarización del país. Lo que está sucediendo es un debate franco entre candidatos con programas y visiones políticas diferentes, como es natural en cualquier democracia. Al mismo tiempo, hay una amplia expectativa del electorado brasileño de que el próximo gobierno promueva amplias reformas que permitan darle sostenibilidad al desarrollo económico y social, sin abandonar las recientes conquistas en el combate a la corrupción.

Eventuales excesos cometidos por seguidores de uno u otro candidato están siendo investigados y ciertamente serán penalizados. La Justicia electoral y las fuerzas de seguridad están vigilantes del estricto cumplimiento de la ley. Los episodios que ocurren son puntuales frente a un electorado de 145 millones de brasileños.

Sin embargo, una vez divulgado el resultado de las urnas, la expectativa es la de que los ánimos se calmen y que los nuevos gobernantes inicien su trabajo, como viene sucediendo en todas las elecciones de la historia brasileña reciente.

Ambos candidatos a presidente comprometen su apoyo a los avances sociales que han sido alcanzados en el Brasil durante los últimos 30 años. En efecto, la Constitución Federal de 1988 representa el marco de un nuevo pacto social que ha logrado avances para la población y la reducción de la histórica desigualdad económica del país, independientemente del partido político que esté en el poder o de su posición ideológica.

La Constitución de 1988 también contribuyó para el fortalecimiento de las instituciones brasileñas, condición esencial para el buen funcionamiento de nuestra democracia. En los últimos años, nuestras instituciones fueron puestas a prueba. Primero, con el cese de la presidente Dilma Rousseff por el crimen de responsabilidad luego de haber sido seguido un extenso proceso jurídico-político dictado por nuestra Carta Magna. Después, por los escándalos de corrupción y por la condenación de políticos de diversos partidos, incluyendo a un ex presidente - Luís Inácio Lula da Silva -, además de la apertura de procesos judiciales para investigar a personas que ocupan altos puestos en la administración pública. Pero las instituciones resistieron, y eso fue plenamente entendido como una conquista de toda la ciudadanía que defiende el Estado de Derecho. Así, las elecciones de 2018, independientemente de quien sea elegido, serán un capítulo más de la consolidación de la democracia brasileña y conciencia del electorado brasileño que, cada vez más, exige resultados de sus gobernantes, expresando su voluntad soberana a través de las urnas, en la fiesta democrática de las elecciones. (O)