La violencia contra las mujeres es la expresión más extrema de discriminación. Cualquier forma de violencia que se ejerza contra una mujer ya sea esta física, sicológica, sexual, patrimonial o política tiene su origen en las relaciones inequitativas de poder, es decir, en la consideración de que las mujeres somos menos —menos inteligentes, menos capaces, menos aptas— y que, por lo tanto, podemos ser discriminadas, separadas de cargos, anuladas en nuestras opiniones o profesiones. De acuerdo con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés), “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer”, es una forma de discriminación. La eliminación de todas las violencias contra las mujeres es un sueño largamente perseguido. Hemos logrado mucho: desde las primeras demandas que se hicieron desde las organizaciones de mujeres para que la violencia contra ellas se reconozca como un asunto de interés público; hasta la adopción de modelos de procedimiento e investigación judicial en casos de femicidio, como lo ha hecho el Ecuador.

Hoy, conocemos mejor la dimensión y el impacto del flagelo que es la violencia contra las mujeres: tenemos cifras, leyes, convenciones internacionales, políticas públicas, planes, sistemas de atención y reparación. Los Estados han desarrollado mecanismos que buscan la no repetición y la no revictimización, uno de ellos es precisamente el sistema judicial: fiscales y juzgados especializados, procedimientos más ágiles, rutas de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres claras y más accesibles, sin embargo contamos todavía los casos que no llegan a buen término, dejando libres a los victimarios. Se ha avanzado mucho, es cierto, pero la impunidad cero es todavía un reto pendiente. El reconocimiento que hace la Corte Constitucional de la discriminación basada en género como la causa de la remoción de cargo es un precedente fundamental en la legislación ecuatoriana. Comprender que somos muchas las mujeres que, alguna vez, a lo largo de nuestra vida debemos enfrentar diversas formas de discriminación y violencia, y sancionar estos actos es un paso fundamental para el cambio; que requiere además de grandes esfuerzos en la prevención de la violencia contra las mujeres: para reducir su incidencia es necesario que mujeres y hombres seamos educados en la igualdad y el respeto, en la libertad y en la no violencia. Tomará tiempo, es verdad, pero hoy Ecuador puede congratularse,  y confiamos en que este caso se convertirá en el primero de muchos que sigan por este camino. (O)