En La Sociedad del Riesgo, Ulrich Beck explicitó el papel de las distinciones de clase en la producción, distribución y división de los riesgos. Allí menciona que, en su proceso de modernización, las sociedades construyen, provocan u omiten condiciones de riesgos según el modelo de desarrollo que intentan implementar en una ciudad o país.

No obstante, las sociedades comienzan a percibir que las distintas formas de inequidad -que aparecen evidenciadas en los problemas de redistribución de la riqueza- son maximizadas o minimizadas por riesgos de origen natural o antrópico. El conjunto de riesgos a los cuales está expuesta una sociedad terminan definiéndola y, muchas veces, aquel aparece solo como ‘amenazas naturales’ que parecerían eludir la responsabilidad de la sociedad civil y del Estado en la autogeneración de vulnerabilidades.

Tras la ocurrencia de un desastre, sin embargo, se crean mejores condiciones para permitirnos apreciar la relación existente entre las distinciones de clase y los riesgos.

Desde la perspectiva de los propietarios del capital, por ejemplo, las pérdidas se cuantifican principalmente a través del deterioro de los medios de producción y/o de la reversión de las tendencias de acumulación. En cambio, cuando se trata de la población en situación de pobreza extrema, la sociedad produce una ‘naturalización’ de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, circunstancia que no facilita eliminar los factores multidimensionales generadores de su pobreza.

En este contexto, el Estado debe definir las políticas necesarias para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población en extrema pobreza. Al respecto, el mejor mecanismo para reducir el riesgo de desastres es posibilitar un acceso adecuado a servicios básicos y facilitar procesos de movilidad social ascendente.

Después de tres meses del terremoto del 16 de abril, los actores públicos y privados deberían proponerse acciones orientadas y articuladas a la generación de mejores oportunidades de desarrollo en las familias en situación de extrema pobreza. Pero no solo de aquellas que residen en las zonas de impacto, pues toda la población ecuatoriana está expuesta a amenazas de origen natural y antrópico.

Deberíamos analizar no solo el modelo de reconstrucción, sino también replantear la política de aseguramiento no contributivo, la eficacia de la rectoría de gestión de riesgos y el impacto de la estrategia de erradicación de la pobreza. En Ecuador se requiere un nuevo pacto ético: aportar al desarrollo considerando la reducción de la extrema pobreza y la gestión integral de los riesgos.

En sus propuestas de gobierno, los candidatos presidenciales deberían contemplar lo anterior. (O)