El embarazo infantil y adolescente, además de tener un alto costo social, también produce un elevado costo económico al Estado. Según el informe Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador, en el 2015 se perdieron $ 316,73 millones por ingresos futuros por deserción escolar.  En el mismo periodo, el Estado pagó por falta de prevención del embarazo adolescente, mortalidad materna,  abortos inseguros y complicaciones obstétricas $ 472,9 millones. El costo de prevención llega apenas a $ 27,6 millones. Es decir, es 17 veces menor.

Es necesario desmontar la falacia de que permitir el acceso a un aborto libre y asistido es un delito.  El artículo 11 de la Constitución expresa que “los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación”.  Y el mismo artículo señala que “en materia de derechos y garantías constitucionales se debe aplicar la norma que más favorezca su efectiva vigencia”. Para completar, en el caso de Ecuador, son varios los comités internacionales de defensa de derechos que han instado al Estado a despenalizar el aborto en casos de violación.

Legislar sobre el aborto desde una visión de derechos humanos es característica de un estado democrático.  Y a ello se ha comprometido Ecuador internacionalmente.  El Estado está obligado a precautelar el acceso a sus derechos a niñas y adolescentes acatando el mandato constitucional, estándares internacionales y observaciones de organismos de derechos humanos.  Por ende, enfrentar el embarazo de niñas y adolescentes requiere del desarrollo de políticas conjuntas en las áreas jurídica, social, de salud, economía y educación.  Es el Estado, alejado de consideraciones morales y religiosas, quien debe darle a este tema el trato que las niñas, adolescentes y mujeres se merecen.  Porque no pueden morir más niñas y adolescentes por complicaciones obstétricas, porque sus cuerpecitos no están preparados para ser madres ni pueden ser judicializadas y encarceladas por negarse a parir al hijo de su violador y tampoco se las puede condenar a la pobreza y la falta de oportunidades por los siglos de los siglos. (O)