Ser parte de un movimiento político por afinidad ideológica en el país dejó de estar en la agenda ciudadana desde hace tiempo.

Es difícil encontrar dentro de las organizaciones políticas líneas claras de actuación apegadas a los principios que postula. Premisa importante cuando analizamos la crisis de credibilidad de las organizaciones, que han sido arrastradas por sus propios representantes, que a nombre de la organización usufructúan del erario de sus colaboradores.

Los casos de asambleístas desnudaron una realidad que se considera “secreto a voces”.

Ahora el péndulo va a la Vicepresidencia, en donde existe una investigación previa por parte de la Fiscalía, ante la denuncia de uno de sus excolaboradores quien  señala haber realizado depósitos mientras era legisladora.

Pero también existen voces que apuntan sobre prácticas similares en los ministerios. Las denuncias tienen el mismo denominador: “aportes al partido”, aunque reciben del Estado un Fondo Partidario Permanente que, a propósito, este año se incrementó.

El Código de la Democracia, en sus artículos 355 al 359,  establece las particularidades de financiamiento. Incluso el 360 a las Fuentes de Financiamiento prohibidas.

Aún bajo esta normativa, los funcionarios implicados mantienen como argumento el “aporte voluntario”, cuando todo indicaría que es de cumplimiento obligatorio para mantener sus cargos o trabajos.

Aunque no es recomendable generalizar, si esas conjeturas son reales en movimientos, quizás la práctica no sea ajena en las 168 organizaciones registradas en el Consejo Nacional Electoral (corte 2017).

Las preguntas caen por su peso: ¿Cuál es el destino de esos fondos?, ¿las organizaciones políticas cuentan con planes que formen y capaciten a sus bases? y ¿de qué manera controla el CNE que los partidos hagan uso efectivo de los fondos?

Lo cierto es que este tipo de prácticas, casi en su totalidad clientelares, nos llevan a pensar que los fondos de organizaciones políticas se enfocan en otro tipo de actividades, más aún cuando un proceso electoral se acerca.

El momento político exige otro tratamiento a nivel de autoridades, lo propio con las organizaciones. Empezar por alentar procedimientos internos de revisión y coordinación con la autoridad electoral sería un paso importante, como la posibilidad de generar cuadros políticos que fomenten la participación igualitaria; en contra de esa reducción de su accionar a lo clientelar que produce una resaca marcada por “diezmos” y “extorsiones” que comprobados, le podrían terminar costando el puesto al implicado.

En palabras del Presidente, el país mantiene su lucha contra la corrupción, pero es hora que los principales actores entren en esta depuración de formación política y transparentar limpiando uno de los rincones de la democracia. (O)