El Gobierno Nacional desde el inicio de su gestión anunció una acción gubernamental transversal con la creación del mecanismo de diálogos nacionales con diferentes actores a escala nacional. Esto de acuerdo a las competencias propias del Estado en materias como: salud, educación, seguridad, gobernabilidad, que merecían especial atención.

Esta intención no puede ser dejada de lado porque generará un ambiente de gobernabilidad, a través de estas herramientas democráticas  básicas que tiene el Estado, y que en los últimos tiempos han sido desfavorecidas en virtud de la polarización y diversidad de criterios de nuestro ambiente político que se maneja con lógicas coyunturales.

La fijación de una política pública no solo debe atender a una necesidad gubernamental de naturaleza política, sino que esta debe ser entendida dentro del espectro académico, social, económico, y en consideración a todos los factores que confluyen en nuestra sociedad.

Varios académicos, como el profesor Agustín Ferraro, de la Universidad de Salamanca, señalan que las políticas públicas son una secuencia de actos, y los mismos responden a un engranaje estatal en materia de ejecución, que tiene como finalidad última la correcta aplicación de estos.

En la secuencia de actos se ha especificado en primer lugar la necesidad de una fijación conceptual de lo que es la política que se quiere implementar y definir objetivos claros que permitan una correcta aplicación. Además la evaluación constante de las mismas evitará que una acción o política pública sea circunstancial, es decir que solo responda al momento que se vive en el Estado.

Por lo tanto, los diálogos nacionales requieren que sean instaurados como política de Estado, y los mismos, después de la experiencia vivida en los gobiernos pasados, deberán ser definidos estrictamente bajo un rigor metodológico.

Al mismo tiempo los diálogos necesitan especializarse en relación a las materias que se tratarán, como el caso de salud y seguridad, cuya naturaleza obliga a una atención y acción prioritaria con resultados y valoraciones periódicas.

La tarea del Gobierno no es nada sencilla, además se tienen que establecer plazos y etapas fijas en los cuales se obtengan resultados que también necesitan ser calificados.

Finalmente, no debemos olvidar el principio de continuidad de la administración pública, el mismo que obliga al Gobierno a hacer una planificación, de acuerdo a parámetros objetivos, para la consecución de resultados, inclusive sin determinar quién se encuentre ejerciendo la autoridad estatal.

Lo adecuado de una política pública es su duración y objetividad para la generación de resultados para el país, como un ente independiente de los vaivenes políticos. (O)