En un mensaje a la Nación el pasado jueves 14 de julio, el presidente Rafael Correa anunció la realización de una Consulta Popular para las elecciones de febrero de 2017, con el objetivo de que la ciudadanía se pronuncie respecto a la prohibición de que tanto los candidatos a las diferentes dignidades como así también los servidores públicos posean bienes o capitales en paraísos fiscales.

La pregunta presentada ante la Corte Constitucional es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

La Corte Constitucional cuenta con un plazo de 20 días hábiles para validar la pregunta y posterior a ello notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que proceda con la convocatoria.

De ganar el SÍ, los funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tendrían un año para retornarlos al Ecuador. De esta forma, de cara a las elecciones de febrero de 2017, la mencionada Consulta Popular no afecta a ningún candidato en particular, ya que solo en el caso de resultar electo y de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, debería retornar sus capitales en el transcurso de un año.

La lucha contra los paraísos fiscales ya cuenta con algunos antecedentes en Ecuador. La idea del Pacto Ético fue anunciada en el último Informe a la Nación del presidente Correa el pasado 24 de mayo; “lo elemental, para poder aspirar a cualquier dignidad popular, es confiar en su propia Patria. Propongo un pacto ético con la República: que todos rechacemos a los candidatos que tienen su dinero en paraísos fiscales”.

Dicha iniciativa fue rechazada por los  líderes de la oposición como es el caso de Guillermo Lasso, quien afirmó que su pacto ético es con la ciudadanía, las familias ecuatorianas y con quienes forman parte de la Plataforma Compromiso Ecuador, que reúne a 100 actores políticos de oposición. La Consulta Popular supone un riesgo para Lasso en tanto los Panamá Papers develaron la existencia de corporaciones con sede en ese país que estarían vinculadas con él y con su hermano, donde Lasso sería director, presidente y secretario. Al igual que en el caso del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien en los Panamá Papers figura como dueño de la inmobiliaria Ingersa, cuya mayoría accionaria pertenece a la Fundación Ingersa Internacional, con sede en Panamá; fideicomiso que, entre otros beneficios, permite la sucesión de bienes sin pagar impuestos.

En junio, Rafael Correa se convirtió en el primer presidente en firmar la carta coordinada por Oxfam contra estos “territorios” caracterizados por tener regímenes tributarios ampliamente favorables, en ocasión de la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres, donde participaron 40 países y organizaciones internacionales, como el Banco Mundial y el FMI.

El escrito firmado por 355 profesores y economistas abogaba por el establecimiento de nuevos acuerdos internacionales referidos a la elaboración de reportes públicos de los propietarios efectivos de todas las empresas y fondos. Sin embargo, la Cumbre Anticorrupción no tuvo resultados concretos. Si bien la intención era la “configuración de elementos básicos del régimen internacional para crear normas vinculantes para todos los países en materia de control de los desplazamientos de capitales hacia paraísos fiscales”, ese punto no se incluyó en la Declaración final.

El Mandatario ecuatoriano había manifestado también su intención de incluir este tema en la agenda de la Asamblea General de la ONU, a realizarse en septiembre, para proceder con la creación de una institucionalidad mundial tendiente a eliminar los paraísos fiscales.

El combate contra la corrupción y contra los capitales depositados en estos sitios de interés para la evasión tributaria se ha convertido en el eje central del gobierno central, más aún cuando en los últimos días se conoció también que cinco universidades privadas e internacionales -que reciben exoneraciones de impuestos y aranceles- han enviado al extranjero más de 200 millones de dólares.

Ello se suma a los datos revelados en los Panamá Papers, donde al menos 40 empresas del país efectuaron transferencias de pago a la firma legal panameña Mossack Fonseca. De acuerdo con el SRI del Ecuador, el monto transferido al exterior alcanza los cuatro mil 100 millones de dólares, de los cuales, el 60 % (más dos mil 444 millones) están en Panamá. (O)