El 27 de febrero de 2017 el Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo que examinan a Ecuador en el marco del Examen Periódico

Universal (EPU), a través de la Resolución A/HRC/WG.6/27/ECU/3, presentaron el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se resumen las comunicaciones de partes interesadas en el EPU, de las cuales destacaré las de organizaciones civiles.

Del informe se desprende que participaron 101 organizaciones sociales, ONG, asociaciones,

gremios y la academia. De estas, 84 son ecuatorianas y 17 son extranjeras: 8 suizas, 7 estadounidenses, 1 irlandesa y 1 sudafricana. Las organizaciones presentaron 117 puntualizaciones; el 87,17% (102) constituye observaciones y preocupaciones; mientras que el 12,83% (15) reconoce el avance del país en materia de derechos humanos.

Las principales preocupaciones planteadas giran alrededor de la violencia de género, con el 7,84% (8) de las observaciones, expresada en particular por los datos de femicidios, la actuación judicial, la necesidad de capacitación de servidores públicos, un manejo estadístico que incluya zonas rurales y de población indígena y afro y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Igualdad de Género, porcentaje similar tiene que ver con la actuación de la fuerza pública durante las protestas sociales, los estados de excepción y la situación de los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, el tema de la consulta previa, libre e informada a pueblos y nacionalidades indígenas significó el 5,88% (6) de las preocupaciones planteadas; dentro de las cuales se sugiere el desarrollo de una ley bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT; así como observaciones a las rondas petroleras y licitaciones ausentes de procesos de consulta.

Otros temas como la situación de la población LGBTI, cárceles y derechos sexuales y reproductivos equivalen al 2,94% (3) de observaciones cada uno; quedando bajo este porcentaje asuntos como acoso escolar y bullying, situación de las personas con discapacidad, independencia de la Función Judicial, libertad de asociación y Decreto 16, legislación penal, bananeras, desalojos forzosos y educación en zonas rurales. 

Es importante destacar el reconocimiento de las organizaciones, en particular sobre la legislación laboral inclusiva desde la perspectiva de género con el 33,3% (5) de su universo; por otra parte, la participación de las mujeres con el 20% (3); así como medidas favorables contra la discriminación, transformación del sistema de rehabilitación, lucha contra la trata de personas e inversión social en educación y salud.

El EPU constituye una oportunidad para promover el diálogo social sobre temas donde tenemos diferente perspectiva como sociedad; pero también nos puede permitir construir una agenda nacional de derechos humanos. Apuntemos todos generosamente hacia esa meta. (O)