Las corrientes contemporáneas de los estudios del discurso, si bien mantienen especificidades en sus propuestas teóricas y analíticas, convergen entre otros factores en que las prácticas discursivas están situadas en posiciones de enunciación específicas (Foucault, Haidar, Laclau, Iñiguez).

Estas son construidas por actores con intereses y agendas -generalmente subyacentes- y utilizan lógicas argumentales orientadas a reproducir y legitimar narrativas, que van más allá de lo estrictamente lingüístico, para posicionar sentidos de mundo y, por ende, legitimar y reproducir posturas de poder, que siempre serán visibilizadas y orientadas a incidir en la subjetividad y los imaginarios de los diversos sujetos de una sociedad.

Esta reflexión es válida a propósito del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la crisis disruptiva ocurrida en octubre, cuyas conclusiones dejan entrever que, tras una investigación exprés in situ de apenas tres días, con relativamente pocos testimonios del universo de los sujetos involucrados -380 testimonios y 489 personas-, arrojó conclusiones precipitadas, direccionadas claramente a co-constituir una imagen negativa de la conducción estatal en diversos ámbitos, especialmente en la gobernabilidad de la seguridad, dejando entrever un irrespeto a los derechos humanos, a los de libertad de expresión, a la protesta pacífica, entre otros.

Las explicaciones construidas respecto de una realidad que “fue interpretada” por los miembros de la Comisión -otrora vejada, desconocida y vista como alfil de intereses de países hegemónicos- han configurado unidireccionalmente el sentido del informe con varias falacias argumentales: falacia de autoridad, dando a ciertos testimonios la garantía absoluta de la verdad, marginalizando a otros; falacia de generalización apresurada, “increpando al Gobierno” con base en una interpretación sesgada de los hechos, sobre todo en el uso de la fuerza de los aparatos de seguridad, que son vistos  -además- como un todo, es decir desde una falacia de ambigüedad, cuando las actuaciones policiales y militares durante la crisis fueron diversas y en distintos niveles, minimizando así la presencia de “violencia organizada” de un supuesto paro nacional “pacífico”.

Ante esto quedan muchas interrogantes: ¿Cuáles fueron los criterios analíticos para la investigación, sobre todo en el manejo del universo para el caso? ¿Cuáles fueron los mecanismos para reproducir un sistema simbólico de defensa de los derechos humanos para unos y para otros no?

¿Qué efecto produce tratar espacios de relatividad y complejidad como espacios determinantes?
El lector tiene la palabra. No desconozcamos su capacidad de sospecha. (O)