El tema “diezmos” en la Asamblea ya lleva tres semanas instalado en la opinión pública. Hay nuevos testimonios de funcionarios que han sido extorsionados por sus legisladores, a cambio de trabajo como asesor o asistente. Pero hasta el momento solo hay cinco casos denunciados en la Fiscalía. La lista de parlamentarios implicados en estas prácticas vergonzosas e ilegales aumenta.

Hay 38 asambleístas entre los que ganaron la curul para este período, otros reelegidos  y aquellos que dejaron la Función Legislativa (primera presidencia de Rivadeneira y de Fernando Cordero).

Ayer recibí el testimonio de un exfuncionario, que era asistente de una legisladora de Alianza PAIS. Ella es de la Amazonía y presidía una comisión que tenía 9 colaboradores del despacho. Una persona de confianza de su exjefa recogía la cuota en efectivo, que en su caso era de 100 dólares al mes.

Ese dinero iba a las arcas de AP, que impuso 400 dólares mensuales para sus asambleístas y 600 dólares para los presidentes de comisiones. Pero, al final, la colecta de esos recursos era destinada a los gastos personales de la exasambleísta: ropa, medicinas, cuotas de un auto y de un departamento.

El exfuncionario se pregunta, ¿cómo es posible que esos legisladores que hablaban de igualdad, de los derechos de los trabajadores y de la justicia social en el plenario hayan cobrado por cargos en sus despachos?

Esa práctica y otras que no son éticas también salpican a algunos integrantes de la oposición del actual período parlamentario. Recibí un audio que denuncia el caso de una legisladora provincial de la oposición. Ella nombró a su pareja sentimental como asesor 1 de su oficina, su salario es de 3.800 dólares al mes y su nombre está en la nómina de la Asamblea, en el distributivo de personal (página web). También contrató a un matrimonio: el marido timbra la tarjeta en la Asamblea, mientras que la esposa no va al despacho, señala el audio.

Para terminar con estos casos no solo hacen falta los exámenes especiales de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía, sino la condena pública. Es decir, que los electores no vuelvan a votar nunca más por esa clase de legisladores. (O)