En 2007 se inauguró un proceso de diálogo entre la función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior que se tradujo en un articulado incluido en la Constitución de Montecristi. Los consensos terminaron cuando se evidenció que la implementación de los principios establecidos en la Carta Magna demandaba de una ley que acabase con el statu quo en el sistema, y, en consecuencia, los poderes constituidos fueran reemplazados por otros que posibilitasen la real transformación.

La aprobación de la nueva ley se hizo en medio de la disputa entre el gobierno nacional, que impulsaba cambios profundos, y los intereses particulares de quienes buscaban mantener sus privilegios; los resultados positivos son evidentes y quizá uno de los mayores logros es la instauración de una cultura de calidad en el sistema; ahora todas las instituciones de educación superior sostienen procesos de mejora continua.

Sin embargo, el avance todavía es insuficiente al comparar nuestro sistema con el resto del mundo. Una reforma a la LOES deberá definir incentivos que impulsen a las instituciones a lograr la excelencia, lo que será medido a través de estándares internacionales sobre resultados del aprendizaje e impacto socioeconómico.

La búsqueda de la excelencia en los términos definidos arriba es la mayor muestra de responsabilidad en el ejercicio de la autonomía y la garantía de pertinencia. El tránsito en esa dirección minimiza la necesidad de que el Consejo de Educación Superior asuma el rol de contralor del sistema y permita potenciar su función constitucional de planificar. Ahora es el momento de afianzar a esta instancia como un Consejo de Estado democrático, que consolida políticas a largo plazo, y que superan los ciclos electorales. El paso siguiente debería ser que los miembros adquieran su derecho a participar en el respectivo concurso de oposición y méritos, luego de ser elegidos democráticamente en las instituciones a las que pertenecen, y que la formación técnica tenga representación.

Por otro lado, para dar respuestas a las necesidades actuales del país se debe fortalecer la formación técnica y tecnológica. Para lograr este objetivo será primordial que los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos; conservatorios de música y arte sean considerados de una vez por todas como instituciones del sistema terciario de educación, y los títulos que otorgan sean considerados como de tercer nivel técnico. Esto supone que la evaluación de la calidad de estas instituciones debe ser tan rigurosa como la de las universidades y escuelas politécnicas.

De esta forma será posible la ampliación con pertinencia de la oferta de educación superior y posiblemente, en paralelo, la diversificación de la demanda por las múltiples posibilidades de inserción laboral derivada de la formación técnica y tecnológica de calidad.

También es fundamental el perfeccionamiento del sistema de nivelación y admisión, pero hay que alertar que el problema de acceso a la educación superior se resolverá, principalmente, con el incremento de la capacidad de las instituciones del sistema. Así se podrá albergar un número cada vez mayor de estudiantes sin descuidar el avance en calidad; esto requiere de inversión y deberá ser parte de la política pública que impulse este gobierno.

El establecimiento de una nivelación general o curso propedéutico ofrece oxígeno para un periodo académico. Ahora: ¿Cuál es el siguiente paso?

Es el momento del diálogo, mirando hacia adelante para no perder el rumbo hacia la utopía de la excelencia, y de cuando en cuando, echando la mirada atrás para no olvidar que los poderes que dejaron en agonía a la educación superior ecuatoriana siempre estarán al acecho intentando reconstituirse. (O)