El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución 5593, proclamó al 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, alentada por el interés de los países del mundo de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes y sus familias.

Para la humanidad, independientemente de las culturas, regiones y sistemas sociales, políticos, económicos y jurídicos, la migración es la razón de ser de la reconstrucción de relaciones sociales e interculturales y el desarrollo económico o político. La migración es a la historia humana lo que el agua a la naturaleza, su fuente de vida y existencia.

Las causas de la migración son múltiples y complejas, entremezclan la búsqueda de oportunidad con la necesidad de supervivencia; así, escapar de conflictos armados, la pobreza, inseguridad alimentaria, persecución, violaciones de derechos humanos, desastres naturales, entre otros, generan desplazamientos humanos, sea como refugiados, migrantes o desplazados internos. No hay país que no sea lugar de origen, tránsito, destino o retorno de estos desplazamientos.

Según las Naciones Unidas, el número de migrantes crece a un ritmo más rápido que el de la población mundial, y en 2015 ascendió a más de 244 millones, de los cuales casi 65 millones han sido desplazadas por la fuerza; de estas, 21 millones son refugiadas, 3 millones solicitantes de asilo y 40 millones desplazadas internas.

La comunidad internacional se ha planteado promover y proteger los derechos humanos de las millones de personas que se desplazan en el mundo, a través de la creación de instrumentos, como la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo Facultativo de 1967; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos Protocolos Adicionales sobre la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990, entre otros. Múltiples son los retos de los Estados y sus sociedades de cara a los migrantes, refugiados y desplazados internos; así, una gestión de fronteras desde los derechos humanos; la acogida rápida, respetuosa, humana y digna, con especial preocupación en las mujeres en riesgo, niños(as) no acompañados, miembros de minorías étnicas o religiosas, víctimas de violencia, trata o tráfico, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades y el desarrollo de políticas y prácticas de inclusión social, cultural y económica.

El reto mayor será reconstruir sociedades que, desde la equidad social y el respeto a la diversidad, promuevan economías solidarias y no concentradoras; políticas participativas y no impositivas, aquellas que se impongan el sueño de migrar como opción, no como una necesidad. (O)