La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución A/RES/57/265 de 28 de febrero de 2003, constituyó el Fondo Mundial de Solidaridad, haciendo propia la Decisión de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible dirigida a establecer este fondo para erradicar la pobreza y promover el desarrollo social y humano, instando a las Naciones Unidas, los gobiernos, la empresa privada y particulares para que contribuyan en la financiación de estas actividades.

Para marzo de 2006, las Naciones Unidas, a través de la Resolución A/RES/60/209, proclamó al 20 de diciembre como el Día Internacional de la Solidaridad Humana, a propósito de cumplirse el primer decenio para la erradicación de la pobreza, objetivo aún pendiente puesto que en muchos países aún aumenta la pobreza extrema, siendo las mujeres y niños y niñas los más afectados, especialmente en los países menos adelantados y en África Subsahariana.

La lucha contra la pobreza es uno de los temas centrales de diversas conferencias mundiales. Desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países del mundo se han propuesto enfrentarla; sin embargo, ninguna de las Resoluciones de Naciones Unidas antes citadas mencionan a los pueblos indígenas que representan a más de 5.000 grupos en 90 países y hablan cerca de 7.000 lenguas; son 370 millones de personas, es decir más del 5% de la población mundial y representan el 15% de los más pobres; lo cual demanda una perspectiva intercultural para mirar la pobreza, sus causas, consecuencias y soluciones.

En el caso ecuatoriano, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas observa positivamente los avances en indicadores sociales, en materia de desarrollo humano, superación de la pobreza y aumento presupuestario en el tema económico y social; sin embargo, al tratarse de los pueblos indígenas, los diversos órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos observan la necesidad de afrontar la desnutrición infantil, el analfabetismo y su incidencia en lo rural; la discriminación de facto hacia las mujeres indígenas, las complejas condiciones de acceso a la justicia y a la tierra en la ruralidad, la limitada participación de las mujeres en la vida pública a nivel local y su vulnerabilidad por razones de género o discapacidad.

De manera reiterada el sistema internacional sugiere la aprobación de una Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, como un medio que establezca reglas claras y disminuya la conflictividad social; así como la necesidad de legislar sobre los alcances y límites de la jurisdicción indígena. Ahora más que nunca el país debe afrontar un diálogo intercultural con los actores que apuestan a una cultura de paz, para promover el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza, con la participación de la sociedad, la empresa privada y el Estado. (O)