La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución N° 62/36 de diciembre de 2007, declaró el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural, con la finalidad de reconocer su función y contribución en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

En nuestro país, de acuerdo al INEC, la pobreza y pobreza extrema es más alta en las zonas rurales y llega al 41,6% y al 16,4%, mientras en la ciudad es de 16,30% y 4,20%, respectivamente, con afectaciones diferenciadas cuando se trata de mujeres. La población femenina rural llega a 2’666.464 personas, 15,2% es de analfabetas, frente al 10,7% de hombres; 61% se encuentra en actividades de agroproducción y trabaja hasta 23:14 horas a la semana, por lo tanto más que los hombres; destinan 31:49 horas a la semana al trabajo no remunerado mientras que los hombres 09:09 horas; y el 58,7% ha vivido algún tipo de violencia de género.  

Esta realidad es corroborada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas -CEDAW-, en cuyo examen de 2015 realizado a Ecuador dejó pendientes algunos retos por la situación de las mujeres rurales, así como de mujeres indígenas, afrodescendientes y montubias, respecto a temas como legislación, acceso a la justicia, consejos locales de protección, estereotipos y prácticas nocivas, violencia de género, participación pública y política, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos y propiedad de la tierra.

Esta problemática es común en el mundo, por lo que, la CEDAW en marzo de 2016 emitió la Recomendación General N° 34 sobre los derechos de las mujeres rurales; instrumento que contiene y desarrolla observaciones respecto a las obligaciones generales de los Estados para respetar, proteger y garantizar sus derechos específicos; destacándose el derecho a participar en el desarrollo rural y sus beneficios, los servicios de salud, su vida económica y social, educación, empleo, vida política y pública, tierra y recursos naturales.

El sistema internacional, la institucionalidad pública, los órganos especializados para transversalizar las políticas públicas, como los Consejos Nacionales para la Igualdad, en particular el Consejo para la Igualdad de Género; y la sociedad, debemos reconocer el valor fundamental de la ruralidad, pues constituye el eje sustancial de la soberanía y seguridad alimentaria del país; donde la mujer juega un rol primordial para la producción y reproducción de la vida familiar y comunitaria; sin embargo, esta debe cambiar los patrones vigentes, especialmente para enfrentar la discriminación y la violencia en las relaciones de pareja y familiares, la administración de los bienes y la propiedad, el acceso igualitario al trabajo, propiedad de la tierra, vivienda y crédito como fuente de autonomía y emancipación individual y colectiva. (O)