Las ciudades pueden ser dinámicas, socialmente progresistas y lugares de poder económico; traer muchos beneficios a sus residentes. Estos incluyen la diversidad social y cultural, una sociedad civil fuerte, mejores servicios públicos y mayores oportunidades económicas.

Sin embargo, los residentes urbanos no gozan de igualdad de acceso a estos beneficios. Muchas personas son marginadas y excluidas -social, económica y espacialmente- en particular en la edad avanzada, debido a las actitudes discriminatorias contra los ancianos y el comportamiento y la falta de inclusión en las decisiones de planificación y desarrollo. Esta exclusión se agrava durante momentos de emergencia y de respuesta humanitaria.

El informe pone de relieve que las personas de edad en las ciudades son demasiado a menudo objeto de sistemática marginación social, económica y espacial.

El tráfico y la contaminación del aire, el transporte público limitado, los espacios verdes inseguros,  los ingresos bajos, la mala salud, los edificios inaccesibles e inseguros o la vivienda inadecuada; todo ello puede negarle a las personas mayores su derecho a una vida digna e independiente.

Para garantizar los derechos humanos de todos los residentes, incluyendo a las personas de edad, los gobiernos y autoridades de la ciudad deben adoptar y poner en prácticas no discriminatorias, legislaciones inclusivas, políticas intersectoriales y preparación para emergencias y planes de respuesta.

Los mecanismos de participación que se acoplan con las organizaciones en representación de las personas mayores deben ser establecidos para asegurar la plena y efectiva participación de las personas mayores en otros procesos de toma de decisiones de las políticas.

Estas medidas también deben tener en cuenta la diversidad de las experiencias de la gente en edad avanzada.  

Nuestras ciudades deben ser incluyentes con todas las personas mayores indistintamente de identidades sociales, tales como el origen étnico, discapacidad, orientación sexual o género. Esto es necesario para asegurar la inclusión urbana social, económica y física con ambientes que protegen y promueven los derechos humanos en todas las etapas de vida de las personas.

Sobre la base de los objetivos de desarrollo sostenible, la Nueva Agenda Urbana entregada a través de Hábitat III ofrece una importante oportunidad para que los Gobiernos Nacionales renueven su compromiso de proteger y promover los derechos de las personas mayores. (O)