La III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que se desarrolló en Quito en octubre de 2016 acordó una Nueva Agenda Urbana y planteó compromisos para que los países del mundo promuevan en las ciudades y en los territorios periféricos, rurales o remotos, la inclusión y el ejercicio integral de los derechos humanos.

Para el francés Henry Lefebvre (1969), ideólogo y creador del concepto del derecho a la ciudad, este no es más que el derecho a una vida urbana renovada; por lo cual gobernantes, gobernados, actores sociales, públicos y privados, deben aportar para resignificar el espacio público, como un escenario inclusivo tanto física como simbólicamente y sin discriminación de ninguna clase.

Una de las premisas para comprender la naturaleza del derecho a la ciudad, es que todas las personas que viven en ella, tienen derecho a una ciudad constituida como una comunidad política local que garantiza condiciones de vida adecuadas para todas y todos y que busca la convivencia entre sus habitantes y de estos con las autoridades. El derecho a la ciudad, como un derecho colectivo, no solo busca garantizar los derechos individuales de sus habitantes, sino que constituye el paraguas de derechos emergentes, tales como el acceso a servicios públicos de calidad, identidades urbanas, memoria y espacio público.

En la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad promovida en 2004 por el Foro Social Mundial, se plantea que “los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental...”; y se incentiva al sector privado a participar en programas sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar la solidaridad y la plena igualdad entre los habitantes.

En ese contexto, en Quito, el pasado 21 de julio, la ajedrecista Carla Heredia, cuando se encontraba en el patio de comidas del centro comercial El Jardín, fue informada de que por reglas internas no podía jugar en ese lugar; lo que ocasionó su justo reclamo que en poco tiempo copó las redes sociales; afortunadamente la gerencia del centro comercial entendió el error y de manera responsable pidió disculpas y como una medida de reparación promovió la realización de una partida simultánea de Carla con más de 25 rivales el sábado 29.

Los hechos ocurridos dejan algunas reflexiones alrededor de la naturaleza del derecho a la ciudad, la comprensión de lo que constituyen los espacios públicos y de socialización colectiva, el razonable y adecuado ejercicio del derecho a realizar actividades lúdicas y culturales sin discriminación; y, la responsabilidad social del sector privado de respetar y promover los derechos individuales y colectivos que la ciudad incorpora por ser transversales para una convivencia pacífica, justa y digna de todos los habitantes. (O)