Son cuatro años del terremoto del 16 abril del 2016, que afectó principalmente a Manabí y parte de Esmeraldas,  causando  muchas pérdidas de vidas humanas, cerca de mil según los datos oficiales del Gobierno pasado. Pero se calcula que fueron más. Lamentablemente el  ex Presidente nos prohibió llorar nuestra desgracia, de lo contrario nos amenazaba con la cárcel. Ante un régimen autoritario era difícil transparentar la información de esta tragedia.

A esto se suma el sentimiento de frustración, ante el atraco de los 3.500 millones de dólares por parte de la banda delincuencial organizada, quienes conformaron el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas; que lideraron Jorge Glas y Carlos Bernal,  cuyos fondos provenían de la Ley de Solidaridad, creada exclusivamente para la reconstrucción y reactivación económica a las áreas más afectadas por el sismo.

Sin embargo, con tan solo el 3% auditado de esos fondos por parte de la Contraloría General del Estado, la dirección provincial de Manabí,  determinó Indicios de Responsabilidad Penal y destitución para los miembros de ese cuestionado comité. Por este motivo, desde el núcleo provincial de la Comisión Nacional Anticorrupción,  estamos exigiendo al contralor general del Estado, Pablo Celi,  reconsiderar el Recurso de Revisión 059440 otorgado el 13 de septiembre del 2019, dejando en la impunidad a los correístas que conformaron el Comité de Reconstrucción , quienes según el acta del 22 de mayo del 2017  presidida por Jorge Glas y certificada por Carlos Bernal, aprobaron obras ya iniciadas, no prioritarias por el valor de 2.940 millones de dólares,  legalizándose casi 600 contratos que ya estaban en ejecución y  lo  sorprendente, lo aprobaron a 48 horas del cambio de Gobierno.

Este atraco es mayor en su monto que el caso Sobornos, más conocido como “arroz verde” , delito que puede quedar en la impunidad. Si se hubieran priorizado los recursos económicos para la construcción de los hospitales de Manabí y Esmeraldas,  en este momento estuviéramos en mejores condiciones para enfrentar la pandemia del covid-19.

Finalmente, exhortamos  a los legisladores, llamar al Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, al Contralor General del Estado, para que justifique las razones que lo motivaron a otorgar ese cuestionado recurso de revisión. Asimismo a la Fiscal General y al Procurador General del Estado, para que informe  sobre el estado de la indagación iniciada en 2019, con respecto al mayor e inhumano atraco de la década, que se ha dado en perjuicio de los damnificados y víctimas del terremoto, y que como un homenaje a ellos se den sanciones ejemplares y se haga justicia ¡Ya! (O)