Es un acierto que en la consulta popular y referéndum del 4 de febrero de 2018 se plantee la posibilidad de que los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes no prescriban. Por un lado, se rompe el formato latinoamericano por mantener
instituciones caducas del derecho romano y abrimos el camino hacia nuevas posibilidades.

Una de estas es que algunas contravenciones y otros delitos sean considerados para que tampoco prescriban: por ejemplo, los relacionados con la violencia contra la mujer y el núcleo familiar o las estafas que dejan cientos de perjudicados.

Todo tiene un objetivo, que el sistema judicial sea confiable para el ciudadano común.

Luego de que en los últimos meses, el Ecuador fuera testigo de violaciones y abusos contra niños entre los 6 y 8 años ocurridos al interior de los centros educativos, el nivel de alerta subió al máximo, y todos se preguntaban: ¿Cómo llegamos a esta degradación?

Parte de la culpa la tiene la ley, con sanciones que no estaban a la medida del perjuicio que se comete al atentar contra la sexualidad de un niño; la revictimización de los afectados continúa, así como la falta de mecanismos efectivos de reparación integral.

La desconfianza en la justicia es otra de las razones, porque muchos de estos casos no fueron denunciados ante la autoridad judicial de manera oportuna y los pocos que fueron denunciados no tuvieron el impulso fiscal necesario quedando el delito impune.

Es así como de manera casi imperceptible nuestros hijos quedaron vulnerables ante el ataque de inescrupulosos delincuentes que se infiltraron en el sistema educativo como “maestros”.

Que las acciones y las penas por los delitos sexuales que se cometen contra niños, niñas y adolescentes, no prescriban, es sin duda intimidante, pero lo más importante es el mensaje que se deja en la ciudadanía y es este: “No más impunidad”. Que no prescriban estos delitos da libertad a la autoridad judicial para perseguir la infracción y al victimario sin límites de tiempo y devuelve al mismo tiempo la confianza al ciudadano en el sistema judicial, quien ahora se atreverá a denunciar y colaborar con la autoridad fiscal.

Pero, ¿Es suficiente que no prescriba el delito? Por supuesto que no, tras las reformas se deberán mejorar los mecanismos de protección al ofendido y evitar su revictimización. Así como brindar asistencia a las víctimas para recuperarse de la crisis psicológica que provocó el ilícito. Votar por el SÍ en esta pregunta acabará con la impunidad y frenará las actividades anormales de los sujetos capaces de meterse con la inocencia de una criatura.

Solo así garantizaremos que nuestros hijos sigan #CreciendoSinAbusos. (O)