Desde hace algunos años, $ 50 es uno de los precios más módicos que podemos encontrar en el mercado privado de la salud en el país.

“Entré, me tomó la presión, me escuchó el corazón, me pesó, oyó los latidos del bebé y me cobró $ 75”, fue la narración de una joven mujer embarazada, que acude mensualmente a la consulta con su médico. Los rangos de las tarifas que cobran los médicos en Ecuador parecen no tener límites. O más bien están sujetos a la “fama” del médico, la ubicación del consultorio y la disponibilidad de tiempo. A más clientes y prestigio, mayor la tarifa y más tiempo de espera para la consulta.

La otra alternativa es la seguridad social, que es gratuita, imprevisible y con mayor tiempo de espera que los médicos famosos. Una fiebre de más de 37 grados puede acelerar el proceso de atención, de lo contrario a esperar varias horas. Esa consulta, hay que decirlo, incluye las medicinas.

Pero para quienes prefieren que “sufra la plata” -como dicen por ahí- y dejan de lado la gratuidad de la seguridad social, el gasto es fuerte. Ni siquiera los rangos de los seguros privados están a la par de los precios de los médicos. Por ejemplo, un seguro privado cuya cuota mensual supera los $ 150 -es decir que tiene un nivel alto de cobertura- reembolsa el 80% de una consulta de máximo $ 63.

No llega a cubrir las tarifas que superan los $ 70, $ 80 o $ 90 que los usuarios deben pagar en cualquier edificio de consultorios de las principales ciudades del país. La diferencia corre por cuenta del paciente. El artículo 65 del Código de la Salud, que aún se debate en la Asamblea, deja abierto el tema. Indica que “los profesionales de la salud deben percibir una remuneración u honorarios justos y dignos de acuerdo a su nivel de formación, responsabilidad, competencia, experiencia calificada, ubicación geográfica y desempeño”.

Solamente el 28% de quienes tienen un empleo remunerado, asalariados y trabajadores independientes de todo el país está afiliado a la seguridad social o paga un seguro privado, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos. Esto significa que el resto de las personas que reciben un sueldo o tienen trabajo remunerado no pueden acudir a un establecimiento de salud del Estado y tampoco reciben una devolución de una aseguradora privada. ¿Pero qué pasa con el enorme segmento que no tiene trabajo ni salario fijo? Ojalá tengan buena salud. (I)