Si bien es cierto el caso de presunta corrupción que involucra al excontralor, Carlos Pólit, es grave, no es menos evidente que resulta anecdótico que ahora muchos asambleístas se rasguen las vestiduras y condenen al gobierno del expresidente, Rafael Correa. Especialmente cuando varios de estos legisladores fueron diputados en épocas que acontecieron los mayores casos de corrupción que quedaron impunes, aquellos que hoy osadamente y sin reparo alzan su voz de protesta y pretenden juzgar a un gobierno progresista. Es claro que forman parte del mismo círculo pernicioso de poder y constituyen el último bastión de defensa para los grandes intereses personales de aquellos que se esfuerzan por volver al pasado y relegar los grandes temas que conforman la agenda de desarrollo del país.

Hagamos un ejercicio de memoria y repasemos algunos de los sucesos que desacreditaron la imagen del Ecuador en el panorama internacional y regional, y que pusieron en tela de duda la credibilidad, objetividad, imparcialidad e independencia de las instituciones ecuatorianas. Verbigracia, entre 1981 y 1984, en el gobierno de Oswaldo Hurtado se llevó a cabo un proceso de sucretización a favor de los grandes intereses empresariales, sector que a través de esta “ayuda” modificó su deuda en dólares. El costo para el país fue de USD 4 mil millones.

Recordemos también el caso de la procesadora de basura que nunca funcionó y con sobreprecio; o la Terminal Terrestre de Guayaquil cuyo perjuicio alcanzó los 100 millones de dólares. ¿Alguien llamó a juicio político a los involucrados?

Veamos, sino, en los años 1984-1988, en el Gobierno de León Febres-Cordero, en el que se dio el caso Perimetral cuya construcción tuvo un 60% de sobreprecio y benefició a unos pocos con proyectos inmobiliarios. Habría que ver quiénes tenían informaciones privilegiadas para comprar terrenos a precio de gallina enferma.

En ese mismo Gobierno sonó el caso del israelita Ran Gazit a quien se pagó para la lucha subversiva, en la que se involucró a un yerno del expresidente de la República. ¿Por qué no se los llamó a juicio político?

Siguiendo esta cronología de hechos, en los años 1992-1996, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, en el caso Flores y Miel, se proporcionó un crédito para un pariente del mandatario por 830 mil dólares. O en el gobierno de Abdalá Bucaram, cuyo hijo tuvo en mi ciudad (Cuenca) una fiesta por su primer millón de dólares obtenido en las aduanas. O el triste episodio del gobierno de Jamil Mahuad, que le costó al país cerca de 7 mil millones de dólares y la migración de cerca de 2 millones de ecuatorianos, y que se conoció como el feriado bancario.

Los responsables de estas atroces e irresponsables acciones pasaron impunemente a la historia. Es pertinente recalcar que muchos de los asambleístas que hoy quieren llevar a juicio al vicepresidente Glas no miraron ni de reojo ni investigaron cómo se llevaron al país en peso. Hablan de “corruptitis”; sí, toda aquella que ocurrió en el pasado que jamás se combatió.

Creo con firmeza que el país necesita un debate abierto y de altura desde la Asamblea Nacional. El Ecuador del futuro depende de todos nosotros. Tenemos que hacer historia.

La RC combate la corrupción.

Habría que analizar en qué gobiernos se hallaron la mayor cantidad de actos corruptos. Y ¿desde dónde se denunciaron dichos actos de corrupción de estos mencionados gobiernos?

Recordemos el caso del exministro Raúl Carrión, conocido como el caso ‘Comecheques’. Desde el 7 de enero de 2009 está detenido y, al momento, él y tres asesores suyos están sentenciados a 5 años de prisión.

Podemos mencionar también el caso ‘Narcovalija’, en 2012, en el que existen 3 sentenciados. A esto le agregamos el ‘Caso Duzac’, con 6 sentenciados; el caso de Petroecuador, con 18 personas llamadas a juicio. Y el más reciente se hizo evidente en diciembre de 2016: El caso Odebrecht el cual ya tiene 69 versiones, 18 allanamientos, 8 procesados, 2 arrestos domiciliarios, 16 órdenes judiciales, 8 personas privadas de la libertad y se han hecho alrededor de 442 diligencias. Y eso gracias a la responsabilidad política del expresidente Correa y el vicepresidente, Jorge Glas, se han tomado acciones legales.

Insisto, hay que tomar decisiones serias desde la Asamblea Nacional, en el marco de la legislación vigente, para impedir que actos como los citados arriba tengan cabida.

Por ello mi propuesta apunta a debatir un proyecto de ley que reforme a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública  en la que se incorpore a las inhabilitantes generales, celebrar contratos con las entidades públicas contratantes con personas contra quienes se haya dictado sentencias condenatorias por los delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito y en general para quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones contra las instituciones del Estado.

Asimismo, propongo que se reforme el Código Integral Penal (COIP) determinando con precisión, como pena aplicable específica a las personas jurídicas, la disolución de su patrimonio por condena ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o en general por defraudaciones a entidades del Estado.

Además de reformar los artículos del mismo cuerpo legal que tratan sobre el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, aclarando que los sentenciados por tales conductas antijurídicas quedarán incapacitados de por vida para celebrar contratos con el Estado y el desempeño de todo cargo público, o en entidades financieras o en entes de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera.

De igual forma, invito a la reflexión sobre la posibilidad de enmendar la Constitución de la República y reformar la Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia), para establecer que no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular las y los dignatarios y funcionarios destituidos mediante enjuiciamiento político por la Asamblea Nacional; y, las y los dignatarios y funcionarios removidos de sus cargos por los concejos de los distintos niveles de gobiernos seccionales.

Ya que consideró  que los dignatarios o funcionarios públicos destituidos o removidas por las instancias políticas pertinentes, defraudaron la confianza y la fe que el pueblo ecuatoriano depositó en ellos para ejercer con probidad y ética sus cargos, en representación de sus mandantes. Deben primar los grandes intereses nacionales y los derechos de las y los ecuatorianos sobre los intereses o derechos individuales.   

Toda esta discusión debe incluir, además, al combate contra los paraísos fiscales. En el caso de Odebrecht, en los entramados de Petroecuador y en otros recientes casos fueron los paraísos fiscales los que sirvieron para el ocultamiento de dinero y permitieron la elusión y evasión de las rentas que corresponden al país. El 22% de la riqueza de América Latina está en los paraísos fiscales; esto hace que cada año se dejen de recaudar cerca de 320 mil millones por evasión y elusión, que es el 6,3% de PIB regional. Entre el 2014 y 2016 estas empresas han sacado más de 4.520 millones a paraísos fiscales.

¿Hablamos de corruptitis? ¡Combatámosla juntos! (O)