Desde el primer mes  del 16 A solicitábamos información sobre el trabajo que venía desarrollando el Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas. Nos la negaron. Su presidente, Jorge Glas, respondió  que toda la  información requerida se encontraba colgada en la página web institucional y que estaba disponiendo al secretario Técnico, Carlos Bernal,  se nos proporcionara cualquier información complementaria. En junio del 2016  invitamos al Secretario a un conversatorio con los  líderes de la sociedad civil de Manabí. Pero a última hora se excusó...

Desde un principio nos dimos cuenta con nuestros asesores técnicos de que había  un costoso, exagerado, proceso de demoliciones del centro comercial de Portoviejo y Tarqui en Manta, y que a seis meses  del sismo aún no se veía una real  reactivación económica. Convirtiéndose la mayoría de los comerciantes de esos sectores en angustiados damnificados, quienes sobreviven por su esfuerzo. Con voluntad y creatividad  mantienen vivo ese espíritu comercial que históricamente los ha caracterizado.

Lamentablemente, desde los GAD de Portoviejo y de Manta se presentaron proyectos que no fueron debidamente socializados con los damnificados. Fueron impuestos. Estos  en la actualidad están fracasando porque no corresponden a nuestra realidad social.

El centro histórico de Portoviejo, con sus calles peatonales, en muy poco contribuirá a la tan anhelada reactivación. 

Las denuncias nos llegaban al granel, desde aquellos que reclamaban por su vivienda  o el saqueo de sus bienes en las áreas catalogadas como zona cero hasta los campesinos, que no encontraban cama para su atención hospitalaria. Los profesionales de la construcción denunciaban que eran marginados por los programas ejecutores: Ecuador Construye y el Plan Prisa,  por empresas de Guayaquil , Quito y Cuenca , todas ligadas a  los jerarcas del correísmo.

Cuando comenzamos a denunciar estas irregularidades, de manera especial las relaciones familiares de Carlos Bernal con la contratación de obras, la reacción no se hizo esperar. Vinieron las amenazas con juicio penales  mediante comunicados contratados en los principales rotativos,  comentarios de locutores afines al caudillo, que cuestionaban nuestra legitimidad, porque no teníamos el aval jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para asumir nuestro derecho de hacer Contraloría Social.

Resistimos las embestidas del correísmo, hasta que llegó Julio César Trujillo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y María Arboleda Vaca como secretaria Técnica Anticorrupción de ese organismo, para que acogieran nuestras denuncias basadas en un esbozo de investigación realizado por las comisionadas de la CNA Manabí: Ana Pilay y Fresia Villacreses. Esa denuncia también la presentamos a la Contraloría General del Estado. Nos quedamos cortos. Sin embargo, nuestras observaciones fueron verificadas y ampliadas  por el CPCCS-T. Ese fue el último acto de su fallecido presidente, entregar a manera de denuncia en las manos de Diana Salazar, fiscal General del Estado, la investigación del atraco cometido contra Manabí y Esmeraldas. Lamentablemente sigue en la impunidad. (O)