El Estado ecuatoriano a través de varias instancias de gobierno ha dictaminado una política nacional de cero tolerancia a la corrupción; para esto, ha tratado, a través de varias fórmulas de organización pública o de instancias gubernamentales, la ejecución de actos de combate a este mal.

A pesar de haber tratado con varios mecanismos en prevención y combate a los actos corruptos, estos no rindieron los frutos que los ciudadanos esperábamos.

Justamente por haberse dado una dispersión de acciones y la falta de coordinación, monitoreo, denuncia, auspicio judicial y apoyo internacional. Ahora, al parecer, el Estado ha encontrado una nueva fórmula de combate a la corrupción, que a primera vista está dando respuesta a lo tanto que se le había exigido al Estado.

Pero, nuevamente nos asaltan las dudas en cuanto a la credibilidad de las acciones por parte de las autoridades que se ven involucradas en el ámbito judicial; declaraciones y opiniones van y vienen.

¿Será que otorgamos esta vez un voto de fe y podemos decir que “al fin” se encontró la técnica a través de la que el Estado reivindicará las denuncias ciudadanas?

Lamentablemente, es muy temprano, como para afirmar esto, debido a que debemos atenernos a dos criterios básicos de la administración pública: eficacia y efectividad de los órganos competentes.

El concepto más básico de política pública ya incorpora los dos elementos señalados; de hecho, se califica a esta como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención, y que una vez que es atendido por el Estado, se pueden ver sus resultados y si las acciones rindieron esos frutos esperados.

El problema está detectado, lo que nos hace falta es que todos los organismos estatales, en el ámbito de sus competencias participen con esquemas preparados, planificados y coordinados.

La falta de organización y conveniencias políticas han producido un aislamiento histórico en el esfuerzo del Ecuador para generar lo que hemos propuesto; sin embargo, tampoco debe desaprovecharse este esfuerzo de la Fiscalía que ahora se lo debe articular y coordinar para que todas las etapas del proceso judicial se cumplan siempre en respeto al debido proceso y el principio de legalidad que aborda a todo el esquema estatal. (O)