Han pasado casi dos años de la finalización de la administración de Rafael Correa Delgado; sin embargo, a diario se destapa un caso de corrupción. El ex Mandatario y su círculo cercano se empeñan en desvirtuar las acusaciones en su contra.

En el esquema creado por el correísmo se puede mencionar varios elementos: El primero tiene que ver con la configuración de una Constitución que acabó con la independencia de los poderes del Estado. A su vez, el manejo de los sectores estratégicos por parte de personas cercanas desembocó en los casos de corrupción asociados a Odebrecht y Petroecuador.

Un tercer elemento tiene que ver con que las instituciones de control como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría e incluso la Asamblea formaron parte de un proyecto jerárquico en el que cada uno cumplía un papel para afectar el Estado. De esta manera, se pudo ver como desde las cúpulas del Estado se organizó un sólido esquema de corrupción.

Son varios los procesos en contra de Rafael Correa, entre los que destacan el señalamiento por parte de la Contraloría al ex presidente y a sus exministros de Finanzas por supuestas irregularidades en el manejo de la deuda pública, así como un posible peculado. El ex Mandatario también fue vinculado por la emisión de un decreto con el que se cambió la categorización de la deuda y se evadió el límite legal.

El propio contralor, Pablo Celi, pidió meses atrás a la Fiscalía General incorporar al exmandatario como parte de la investigación por presunto peculado en la adjudicación del campo petrolero Singue. En este caso, la entidad de control consideró que hubo un perjuicio al país por 5,2 millones de dólares.

Otro caso abierto en la Fiscalía por un supuesto peculado, investiga los contratos de preventa de crudo, firmados por Petroecuador con Petrochina, Unipec y PetroTailandia. Correa fue llamado a dar su versión. La Fiscalía pidió información de sus cuentas bancarias, y de otros 11 exfuncionarios, a doce países.

Dentro de los procesos en contra del ex Primer Mandatario constan también el caso del activista Fernando Balda, quien acusó a Rafael Correa de ser el autor intelectual de su secuestro, en Bogotá en el 2012. En este expediente, la Fiscalía investiga dos delitos: asociación ilícita y plagio. Por ese caso, se emitió una orden de prisión contra el exmandatario.

El caso Odebrecht ha sido una de las últimas acusaciones ante la cual la Fiscalía inició, semanas atrás una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada derivado del caso Odebrecht. La denuncia fue interpuesta por el político César Montúfar.

Son cada vez menos los defensores que resaltan los avances en materia de ética y de moral durante la década pasada. La cantidad de altos funcionarios del anterior régimen que están procesados o prófugos, demuestra que los actos de corrupción durante la “década ganada” no fueron mera excepción. Los discursos de “pero tenemos carreteras” o “el gobierno de las manos limpias” se han convertido en una mera justificación del robo, por lo que en la actualidad ya no se pueden sostener.

Así, luego de una década de contar con un poder absoluto, el correísmo asiste a sus horas más oscuras. Esta pérdida de credibilidad y confianza se verán reflejadas en los resultados de las próximas elecciones seccionales, en donde el correísmo participará ya no para gobernar a sus anchas sino para sobrevivir. (O)

Cristian Bravo Gallardo
Docente en la Universidad Internacional del Ecuador