Siempre he sostenido que el sector indígena desde que surgió como actor político ha sido una fuerza de bloqueo; han bloqueado todo tipo de medida, de decisión que pudo haber significado modernizar la economía, cambiar la forma en la participación del Estado frente a la participación del sector privado; ha sido una pugna permanente. Durante el gobierno de (Rafael) Correa sufrieron un embate muy fuerte que los debilitó, el gobierno anuló a los dirigentes, negoció y captó a las bases y luego de la terminación de ese gobierno la dirigencia indígena necesitaba recuperarse. Venían preparando hace largo rato unas acciones y eso se adelantó cuando encontraron una excusa en las decisiones tomadas en el gobierno de (Lenín) Moreno en octubre del año pasado. Aprovecharon las circunstancias, adelantaron los tiempos porque ellos tenían previsto hacer movilizaciones más tarde y sumaron a esa intención la recuperación del liderazgo; se sumó o coincidieron naturalmente con los afanes golpistas del correísmo. Las dos fuerzas confluyeron, se juntaron, ellos (los indígenas) niegan una decisión expresa de coincidir en esa movilización, pero el hecho de cómo se presenta es que coincidieron, pactaron, si no expresa tácitamente, con el propósito unos de debilitar y otros de derrocar al gobierno de Moreno; no lo lograron, pero sí lograron que el gobierno retroceda en decisiones fundamentales como la eliminación de subsidios en ese momento, a un costo altísimo, más de $ 800 millones en pérdidas por la movilización de los indígenas, un costo que todos los ecuatorianos tuvimos que pagar. Una conclusión obvia es que en la agenda de desestabilización confluyen varios intereses; confluye el interés político del chavismo. Durante el gobierno de Correa, Ecuador estuvo alineado con el chavismo y ese alineamiento se mantuvo cerca de dos años también en el gobierno de Moreno, que sostuvo a una canciller (María Fernanda Espinosa) clarísimamente vinculada con el chavismo y su línea política internacional no se modificó. Cuando hace cerca de dos años el gobierno decide cambiar el destino, cuando eligen como canciller a José Valencia, ese cambio también tiene un costo político y, ese costo político, tocó que se pague en las manifestaciones de octubre. Los indígenas estuvieron en el gobierno de Correa, hubo ministros indígenas, funcionarios de alto nivel del sector indígena, embajadores indígenas, no es que no eran conocidos. Luego algunos dirigentes se distanciaron (...) pero en el enfoque ideológico de este sector con el correísmo no había diferencia.  Eso fue lo que se dio en octubre de 2019, los indígenas y el correísmo actuaron de la misma manera, tenían las mismas intenciones y proponían lo mismo. (O)