Las denuncias de cobros indebidos de servicios no financieros por medio de la banca ecuatoriana han abierto un amplio debate a nivel nacional, generando reportajes extensos en medios de comunicación, apertura de canales de reclamo en las entidades financieras y en las superintendencias de Bancos, de Poder de Mercado y de Economía Popular y Solidaria; declaraciones de asambleístas, superintendentes, intervención de la Defensoría del Pueblo e inclusive una exhortación del Presidente de la República para abrir investigaciones contra empresas que hayan incurrido en dichas acciones.

Por el lado de la oferta de servicios cobrados indebidamente, ni los órganos de control ni la propia banca han tomado acciones contundentes para frenar el uso (¡y abuso!) no autorizado de bases de datos con información personal, la cual es usada para realizar telemarketing, o buscar autorizaciones dentro de una conversación telefónica, donde el cliente no conoce el objetivo real de la llamada, que, en varios casos, tuvo la misión de obtener una autorización verbal para débitos o cobros automáticos.

Por el lado de la demanda, existen opciones tecnológicas que podrían agilizar el proceso de detección de dichos cobros. No obstante, según información del Global Findex, solo 9% de la población ecuatoriana con 25 años o más, usó internet para transacciones de bienes o servicios en el 2017.

En este contexto, las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el sistema financiero ecuatoriano deberían ser un elemento decisivo que minimice el impacto de los cobros indebidos en los clientes perjudicados, pues en lugar de esperar días para ir a una agencia bancaria, imprimir el movimiento de cuenta y solo ahí constatar el esquema fraudulento, el usuario podría estar atento a cualquier anomalía con solo un clic.

Es fundamental que los actores del sistema financiero, y en especial los bancos involucrados y denunciados por la ciudadanía en los cobros indebidos, trabajen en conjunto para generar estrategias que incentiven los mecanismos tecnológicos disponibles, permitiendo al ciudadano tener más control sobre su dinero. (O)