Ante el revés sufrido por el Ecuador en el caso Chevron-Texaco III, es necesario reflexionar sobre el ejercicio del derecho de acceder a una justicia independiente.

En principio es obligación de los Estados procesar a las empresas nacionales o extranjeras por daños ocasionados durante sus operaciones.
Lamentablemente, en Estados, cuyas estructuras políticas y judiciales son débiles, las personas y comunidades afectadas por impactos ambientales han enfrentado serios obstáculos para llevar a empresas transnacionales (ETN) ante la justicia.

El caso Chevron-Texaco ilustra esta problemática. Los afectados de Lago Agrio intentaron, en un primer momento, acceder a la justicia norteamericana para obtener reparación por los daños causados por la compañía.

Los jueces argumentaron que sus pares ecuatorianos estaban en mejores condiciones para conocer el caso. En Ecuador, los afectados obtuvieron una sentencia favorable, pero enfrentaron dificultades para ejecutar el fallo. Una de ellas fue la activación por parte de Chevron de los mecanismos de protección de inversiones previstos en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. En el procedimiento arbitral instaurado por Chevron ante la Corte Permanente de Arbitraje, se cuestionó la independencia de la justicia ecuatoriana. En su laudo, los árbitros concluyeron que la sentencia afectó el trato justo y equitativo que el Estado ecuatoriano debía garantizar a Chevron.

Este laudo bloquea definitivamente la ejecución de la sentencia ecuatoriana.
Este relato demuestra el desequilibrio de fuerzas entre las ETN y los individuos en su afán de obtener justicia.

Esto obliga a repensar, entre otros aspectos, los acuerdos de inversión, ya no como meros instrumentos de protección a la inversión extranjera, sino como instrumentos, a través de los cuales las ETN asuman su responsabilidad ante tribunales internacionales por afectaciones a los derechos humanos y de la naturaleza en los países que operan. (O)