Lenín Moreno anunció su intención de proporcionar “aseguramiento universal para las personas de la tercera edad, y una pensión que les permita vivir dignamente a todos los que lo necesiten”.

El diálogo colectivo sobre este tema nos facilitará pensar en grandes objetivos nacionales. En Ecuador, las mejoras sustanciales en la cobertura de la seguridad social son innegables. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015, la cobertura aumentó del 26,3% al 44,2% de la población económicamente activa (PEA). Se amplió la cobertura a personas dependientes y se incluyó  a quienes trabajan en el hogar. En los pendientes aún está el trabajo autónomo, los actores de la economía popular y solidaria, los artistas y gestores culturales, entre otros. En el caso los adultos mayores, en ese mismo lapso, la cobertura de la seguridad social (IESS, Issfa o Isspol) pasó del 28,3% al 42,2%. Si a esto se aumenta la cobertura de pensiones no contributivas, la cobertura subió de 45,4% a 71,8%. Además, las pensiones no contributivas a personas adultas mayores tienen un efecto directo de 0,8 puntos porcentuales en la reducción de la pobreza. Dicho en otra forma, ese tipo de pensión permitió superar la línea de la pobreza a más de 128 mil adultos mayores y sus familias.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con la población joven que aporta durante su vida laboral a los regímenes contributivos del IESS, Issfa o Isspol, la inclusión en la seguridad social de las personas adultas mayores deberá efectuarse a través de pensiones no contributivas, las cuales se encuentran actualmente a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Estas pensiones no contributivas tendrán que ser financiadas permanentemente desde el Presupuesto General del Estado.

Debido a la fuente de financiamiento y a las disposiciones legales vigentes, tiene sentido que el proceso de universalización del aseguramiento para los adultos mayores lo haga el MIES y no el IESS.

En Ecuador, en términos aproximados, existen 1’100.000 personas adultas mayores, 475.000 de las cuales están afiliadas a la seguridad social en régimen contributivo (IESS, Issfa o Isspol). Esto significa que 651.000 personas deberían recibir una pensión no contributiva cuyo valor les permita vivir dignamente.

Si bien el monto exacto deberá ser cuantificado mediante estudios a profundidad, la pensión no contributiva para adultos mayores debería cubrir por lo menos el valor de la línea de pobreza, es decir, $ 83,79 mensuales. Para el Estado, esto implicaría una inversión anual de $ 655’000.000.

Dado que el MIES ya tiene un programa de pensiones no contributivas con un presupuesto anual de $ 274’000.000, la implementación de la propuesta requeriría $ 380’000.000 adicionales. A futuro, ciertamente, se deberá ajustar la pensión individual según la inflación, pero el monto total requerido bajaría conforme las nuevas generaciones estén afiliadas al régimen contributivo.

Para financiar ese rubro adicional, se debe optimizar gastos. Para ejemplificar esta posibilidad -tomando como referencia los últimos datos disponibles- se podría revisar una parte de los $ 1.888 millones dirigidos a subsidios para combustibles, los $ 1.251 millones que van a incentivos productivos o los $ 388 millones destinados a gastos personales deducibles del impuesto a la renta. Mientras estos subsidios se destinan a la población con mayores recursos, las pensiones no contributivas estarían enfocadas en personas de bajos recursos e incentivarían el consumo. Si la propuesta se implementa, se reducirá el porcentaje de adultos mayores pobres de 27,5% a 13,3% y, si se consideran los hogares en los cuales vive ese grupo social, la tasa nacional de pobreza disminuirá de 23,3% a 22,5%. En resumen, 258.000 personas saldrán de la pobreza con la inclusión de los adultos mayores en la seguridad social. (O)