Camilo (nombre protegido) se sometió a una cirugía en la que le extrajeron un tumor de la pierna. En pocos meses cumplirá 18 años y volverá al quirófano para que reparen el tabique de su nariz. Ambas lesiones fueron producidas por golpes de un exprofesor de la escuela Aampetra en Quito. Allí, entre 2010 y 2011, abusos sexuales, físicos y psicológicos dejaron a Camilo y a sus 42 compañeros fuera de juego.

El caso, que se hizo público en 2017, reveló la magnitud de la violencia sexual en el sistema educativo y empujó a que el Estado diera los primeros pasos para enfrentarla.

Según el Ministerio de Educación, entre 2014 y junio de 2018 ocurrieron 1.837 casos en escuelas y colegios. La mayoría de agresores eran docentes. Nada se sabe de casos anteriores a 2014.

Quienes llevan el peso de la violencia sexual a cuestas, lidian a solas con el insomnio, el miedo, la depresión. Seis años después de ser abusado, Camilo les dijo a sus padres que si no contaba lo que sufrió se quitaría la vida. Sus heridas emocionales, menos visibles, se habían profundizado con el tiempo.

El suicidio es la consecuencia más extrema de esta violencia y se puede evitar con atención oportuna. Tras el escándalo de Aampetra, el Ministerio de Justicia elaboró un plan de intervención a través del Servicio Especializado de Protección Especial y, desde junio de 2017 a inicios de marzo de 2018, atendió a 140 víctimas en el sistema educativo.

Los delitos sexuales afectan a menores de escuelas públicas y privadas, laicas o religiosas. En todos los casos, las huellas son imborrables. Aunque el impacto no desaparece, las medidas de reparación simbólica y económica podrían ayudarlos a continuar con sus vidas. Pero el Estado aún no tiene capacidad de asegurar este derecho. Incluso un informe de la Comisión Aampetra resalta que no hay claridad sobre cuál es la institución que debe monitorear que se cumplan.

Remediar la violencia tiene un costo alto, por eso el Estado debe concentrarse en prevenirla. En este propósito es clave poner los derechos por encima de las creencias. Los menores deben acceder a educación sexual integral en todos los niveles, con enfoque laico para que puedan hablar sin vergüenza sobre sexualidad, identificar riesgos y denunciarlos con la certeza de que les van a creer y a proteger. Eliminar la violencia sexual es una meta a la que el Estado no puede llegar solo.

Es el turno para que la sociedad actúe contra los abusos y deje de ocultarlos.

De poco servirá ampliar cárceles, aumentar penas y modificar leyes para impedir que estos delitos prescriban si el objetivo final no es evitar que ocurran.  (O)