Una de las incógnitas de los ciclos políticos en los países de nuestra región, previo a un proceso electoral o con el inicio de un mandato determinado, es cuál será el rol del vicepresidente de la República.

La figura política de una vicepresidencia ha sido una de las aristas menos explotadas dentro de los análisis que se formulan en la ciencia política o de la administración pública.

Sin embargo, la consideración de esta institución ha cobrado una singular relevancia por varias circunstancias que se han puesto de manifiesto en la realidad política de nuestro país.

Los cuestionamientos son de diversa índole y parten desde la libertad de actuación que esta función estatal  tiene por la inexistencia de atribuciones y responsabilidades constitucionales puntuales, hasta los conflictos políticos que se generan por la propia existencia de un contrapeso de la máxima autoridad política de un estado o de su gabinete.

Más allá de las relaciones de poder que pueden generarse al interior de un gobierno, los gobernantes deben entender que las funciones de un vicepresidente se adscriben a la fórmula amplia que nos disponen los principios de cooperación y coordinación no solo de manera externa, sino al interior de un gabinete; claro está siempre con el irrestricto respeto al Estado de derecho y al principio de legalidad que atienden a todo el sector público.

Llama la atención que desde 1985 hasta la fecha, 17 vicepresidentes han cursado por nuestro país, y muchas preguntas nos alertan respecto de la estabilidad de esta institución político-estatal.

Si buscamos una respuesta a esta situación de inestabilidad, nos encontramos, como fue señalado, con la falta de regulación que existe sobre las funciones y atribuciones que se le concede a este cargo y por ende su fiscalización y control en los ámbitos administrativo, judicial y político.

En los últimos tiempos se ha pretendido otorgar por razones políticas, técnicas o de experiencia laboral a la vicepresidencia un rol más relevante, de mayor exposición y protagonismo, e incluso asignarle competencias ejecutivas.

Una problemática nacional, no solo en época de pandemia, requiere de esfuerzos cooperativos en las políticas públicas; y, coordinados por personas con competencias especiales, además de una absoluta noción del servicio público y sus responsabilidades.

En este contexto, la misión y las funciones que se le otorguen a un  vicepresidente resultan relevantes de por sí, por lo que la figura recobra relevancia y trascendencia en la vida democrática del país y, por tanto, se vuelve necesaria. (O)