El banquero Guillermo Lasso, candidato presidencial por CREO, propuso, que de ganar las elecciones, reformaría la legislación para permitir que los moradores de las zonas rurales del país puedan portar armas de fuego.

La promesa la hizo durante una reunión del pasado jueves, con gremios agrícolas y ganaderos en Guayaquil, invitado por el dirigente campesino y exprecandidato presidencial, Paúl Olsen.

“Vamos a modernizar aquellas leyes que a ustedes les prohíben el porte de armas en el campo para proteger a su esposa e hijos, vamos  a permitirles a los campesinos ecuatorianos que puedan defender a sus esposas, hijos, hijas como varones”, señaló durante una efusiva intervención y remató diciendo que “en el campo hay arrechera carajo”.

Sin embargo, dirigentes como Patricia Cabrera, presidenta de la Asociación de ganaderos de Esmeraldas, dijo que está en contra de esa propuesta. “Además ese comentario es sexista, en mi caso mi madre es viuda, somos 3 mujeres a cargo de 2 haciendas y las defendemos muy bien. En el campo también estamos las mujeres por eso no quisiera que en nuestro país haya gente sin escrúpulos con armas”.

El 28 de abril de 2011 se expidió el Acuerdo Ministerial 749, que prohibía importar armas a escala nacional y de esta manera detener el ingreso de armamento, a veces de  avanzada tecnología que terminaba en manos de la delincuencia. Luego el 23 de febrero de 2012 el Gobierno estableció la prohibición de fabricación interna de armas.

En ese entonces el general de Policía, Euclides Mantilla, manifestó que “se llegó al 80% de delitos cometidos con el uso de armas de fuego, es por eso que se estableció un acuerdo entre los ministerios de Defensa y del Interior para prohibir el porte de armas”.

Este tipo de medidas permitieron, entre otros logros en seguridad, la reducción histórica de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, a un solo dígito. “Esperamos tener a fin de año una tasa de 4.57 a nivel nacional”, comentó el ministro del Interior (e), Diego Fuentes.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Gabriel Orozco, dijo que esas propuestas buscan incentivar una especie de sensación en la gente de que va estar protegida por ella misma para llamar la atención, “calar en la población, pero de esa manera no se ataca a la inseguridad”.

Afirmó que el Estado es quien  debe tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza y “esto no se hace autorizando a que las personas se armen, lo que  se debe dar es más capacidad a la Policía, mayor relación con la sociedad civil y cooperación cívico-militar”. (I)