El período parlamentario 2017-2021 tuvo un inicio auspicioso para el nuevo presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado, quien lideró la estructuración de las 13 comisiones legislativas y logró el apoyo de 130 de los 137 asambleístas, de los cuales solo uno (César Carrión de la coalición CREO-SUMA) votó en contra.

Este primer trabajo fue calificado como exitoso por varios legisladores de oposición, como Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), quien destacó que Serrano “empezó con pie derecho” sus funciones,  dando apertura a todos los bloques.

Al respecto, el titular del Legislativo y militante de Alianza PAIS (AP), aseguró que “sin lugar a dudas es parte de la transformación de nuestra democracia, es la muestra de que siempre cumplimos. Dijimos que íbamos a profundizar el diálogo  y lo estamos haciendo”.

Serrano llegó al Parlamento como el asambleísta que obtuvo la mayor cantidad de votos, con 2’658.688 sufragios, lo cual incidió en su elección como presidente de la Asamblea, desde donde  espera impulsar la gestión con varias reformas para que los legisladores vayan a territorio y tengan mayor contacto con los ciudadanos, para profundizar la fiscalización a ministros y funcionarios, según explicó durante un diálogo con EL TELÉGRAFO.

¿Habrá mayor participación de los legisladores que proponen normas  sin importar su filiación?

La clave del tratamiento de las normativas es cómo se profundizan, no solo pasa por el tema del que propone sino por la estructura jurídica y, al mismo tiempo, el objetivo que se persigue con la norma. Lo fundamental es que esté abierto el debate para todos los asambleístas, tanto para los del bloque del Gobierno como los de oposición, en la medida en que permita enriquecer el texto normativo.

¿Y cómo incluye a la ciudadanía?

Reitero que la clave es cómo se estructura la normativa, cómo participa la ciudadanía no solamente en la forma sino en el fondo. Que esa participación se refleje en la mayor parte de sectores en la construcción del proyecto de ley. Lo que queremos es ciudadanizar las leyes, verificar su aplicación, y creo que para eso es clave la rendición de cuentas.

Justamente en ese sentido, ¿de qué manera se haría la fiscalización?, ¿qué procedimiento se adoptará?

Tendremos convocatorias  bimestrales de ministros,  secretarios de Estado y funcionarios sujetos a control político, para que rindan cuentas de los requerimientos que tengan los asambleístas y la ciudadanía.

Por eso los asambleístas estarán obligados a salir al territorio para conversar con los gremios, organizaciones sociales, ciudadanos organizados y a partir de esto recibir denuncias, quejas, propuestas de reformas, etc., traerlas a la Asamblea,  procesarlas y así que ningún ecuatoriano se quede con la simple denuncia o propuesta presentada.

¿Se tendría que reformar alguna ley para obligar a los funcionarios a que vengan a la Asamblea cada 2 meses?

Bajo ningún punto de vista, la Asamblea tiene en su estructura la potestad para convocar a todo funcionario sujeto a control político a que comparezca. En esa perspectiva, para nosotros será fundamental que siempre venga el titular; seremos muy rigurosos de que no haya delegaciones o ausencias.

El fin último de la comparecencia de las autoridades públicas es la rendición de cuentas de su gestión y de los recursos que a ellos les ha encargado el pueblo.

¿Pero tendrá que conversar con el presidente Lenín Moreno para coordinar estas comparecencias?

Es un mandato legal, lo que coordinaremos con el presidente Moreno es, efectivamente, todo aquello que esté relacionado con la consecución de los compromisos de campaña y, obviamente, eso lo haremos de manera permanente. Pero ya en el tema mismo de rendición de cuentas, para nosotros lo fundamental es que los ciudadanos conozcan cómo se están utilizando los recursos y al mismo tiempo cómo se está gestionando la política pública.

¿Eso con qué fin, tal vez para evitar la crítica de que la anterior Asamblea obedecía al Ejecutivo?

Es una crítica infundada, sin argumentos; en el período anterior se logró armonizar un trabajo que requería Ecuador frente a una nueva Constitución y la reestructuración de leyes fundamentales para que puedan aplicarse. Creo que hemos enriquecido el trabajo normativo en nuestro país y, obviamente, eso ha estado basado en una coordinación por la mayoría que ha logrado tener el Gobierno nacional.

En ese sentido, ¿cómo actuará ahora la Asamblea?

El reto es decodificar los requerimientos de la ciudadanía luego de las elecciones del 19 de febrero y cómo desciframos y nos sintonizamos con nuestros compatriotas. No olvidemos que volvimos a ganar las elecciones, pero debemos profundizar el acercamiento a la gente para que haya más confianza, tanto en la creación de leyes como en la fiscalización. 

¿Cómo se haría el trabajo en territorio que propone?

Haremos que nuestros asambleístas vayan a territorio para que estén con los ciudadanos y con ellos también comprobar si las leyes que se han aprobado se están aplicando, si hay necesidad de reformas o denuncias contra funcionarios.

Los asambleístas tendrán que hacer una planificación trimestral como parte fundamental del trabajo que se deba completar.

¿Dónde se presentarían esos informes; quién calificaría si son aceptables?

Precisamente es el trabajo que vamos a hacer con el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para reglamentar efectivamente el tema de la territorialización de la gestión, lo cual amerita un protocolo instructivo que establezca y formalice esa labor y finalmente el CAL apruebe estos  informes, o Presidencia. Habrá que ver el mejor mecanismo.

¿Cuál es el reto que usted, como presidente, se ha trazado?

Dejar en estos primeros 100 días la normativa para que los compromisos de campaña que  hemos presentado puedan concretarse a la brevedad posible, además de las reformas tributarias para dinamizar nuestra economía productiva, industrial y, al mismo tiempo, garantizar la aplicación del programa de Lenín Moreno, ‘Toda una Vida’.

¿Ha escuchado a las otras bancadas qué temas les interesa?

Iremos trabajando en eso, pero un tema fundamental serán las reuniones mensuales que se harán con los bloques de oposición, y a partir de allí generar la agenda legislativa, fortaleciendo el diálogo que será la herramienta fundamental del debate político. No solo vamos a cumplir la ley sino, sobre todo, a establecer con este mecanismo una forma de profundizar el diálogo. (I)