El Ejecutivo remitió el pasado 28 de abril, el proyecto de Ley de Transición del Gobierno a la Asamblea Nacional. Según el presidente Rafael Correa entregó la normativa con el fin de "ofrecer un proceso ordenado y transparente de transición de gobierno".

El Mandatario cree que aquello garantizará "condiciones mínimas e imprescindibles para que las autoridades electas del gobierno central puedan conocer el estado general de las administraciones a su cargo".

Agrega que el proyecto de ley "permitirá la optimización de tiempo para que las autoridades entrantes puedan diseñar las políticas que les permita viabilizar la continuidad de las actividades".

Correa señala que por primera vez desde el retorno a la democracia en 1979, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 1300, publicado en el Registro Ofocial Suplemento 994 de 14 de febrero de 2017, decidió implementar un proceso de transición, cuyo primer objetivo consistió en levantar información transparente de su gestión y de la administración de la Presidencia, así como de todas las entidades de la Función Ejecutiva, para que en segundo momento esta información sea entregada al presidente electo, a fin de que este pueda contar con información homogénea del estado de la administración pública, formar su gabinete ministerial y adoptar sus primeras decisiones.

Considera que "es indispensable asegurar que este proceso no quede entregado a la discrecionalidad del Presidente de la República en ejercicio, sino que se convierta en un proceso institucionalizado, obligatorio, regulado y que pueda ser exigido por los ecuatorianos a sus futuros mandantes".

Argumentan que se analizaron los procesos de transición gubernamental en EE.UU., Canadá, Brasil, Puerto Rico, Perú y Guatemala, "así como el marco legal que los ordena, los ámbitos a los cuales se aplica dentro de la administración pública, la institucionalidad que lidera y coordinan dichos proceso y finalmente formatos y herramientas que se utilizan".

Reitera que con la norma se asegura la acción eficiente de la administración pública, así como que se garantiza la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la ejecución ininterrumpida de programas y proyectos y la atención de las obligaciones urgentes e inmediatas a su cargo. Hasta finalmente perfilar y diseñar las políticas, proyectos y acciones necesarias cumplir su programa de gobierno y seleccionar a sus colaboradores. (I)

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