Publicidad

Ecuador, 20 de Septiembre de 2024
Ecuador Continental: 12:34
Ecuador Insular: 11:34
El Telégrafo
Comparte

Elecciones 2017 || Reacciones

Pena por delito electoral va de 3 a 5 años de cárcel

El 19F, en los exteriores del CNE en Guayaquil, manifestantes sustrajeron material electoral a los coordinadores.
El 19F, en los exteriores del CNE en Guayaquil, manifestantes sustrajeron material electoral a los coordinadores.
Foto: William Orellana / EL TELÉGRAFO
24 de marzo de 2017 - 00:00 - Redacción Política

Para evitar afectaciones en el desarrollo de la segunda vuelta electoral los fiscales estarán en las calles. Así lo afirmó Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El objetivo es garantizar el desarrollo de las elecciones y evitar que se ponga en riesgo el proceso democrático, a través del cual los ecuatorianos elegirán al Presidente de la República, el 2 de abril próximo.

Esta medida obedece a los brotes de violencia que se generaron después de la primera vuelta del 19 de febrero (19F), sobre todo en los exteriores de las instalaciones del CNE en Guayaquil y Quito. Actualmente están definiendo los detalles con la Fiscalía, anunció Pozo.

El funcionario recordó que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establecen como delitos los que atenten contra los derechos de participación . El artículo 331 de la norma hace referencia a la obstaculización de proceso democrático. “La persona que con violencia o amenaza impida u obstaculice un proceso electoral en cualquiera de sus fases, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la persona responsable es una o un servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo público por el doble del tiempo que dure la pena privativa de libertad”.

Después de la primera vuelta actores políticos hicieron llamados para que los ciudadanos salgan a las calles y en Guayaquil los coordinadores de recintos fueron asaltados al intentar llegar a la Delegación. La situación fue denunciada por funcionarios del CNE ante la Fiscalía.

Entre los mensajes beligerantes se llamó a “incendiar Quito”, o cuando Paúl Carrasco, prefecto del Azuay que respalda la candidatura de Guillermo Lasso, pidió que en Cuenca a Pozo se lo reciba “a patadas”. Esto fue rechazado por autoridades, observadores internacionales y hasta por la Iglesia católica, entidad que pidió una campaña de paz en la segunda vuelta.

El exfiscal Jackson Lima dijo que la policía tiene la potestad de detener a quienes transgredan la ley. “Ellos lo llevan ante el fiscal de turno, siempre hay un funcionario en las Unidades de Flagrancia”. En Guayas existen 178 fiscales.

En Guayaquil, durante el escrutinio electoral se registró la sustracción de documentación e implementos. El director de Procesos Electorales, Iván Fernández, detalló que fue un robo lo que realizaron los protestantes al sustraer las pertenencias del personal del CNE.

La sustracción de papeletas electorales se sanciona con cárcel de seis meses a dos años. También hay una pena para quien se presente a votar con documentos falsos, o que lo haga en varias juntas.

La sanción para el fraude electoral comprobado o para quienes impidan el escrutinio será de cinco a siete años de cárcel. “Si la persona responsable es un servidor público quedará, además, inhabilitada para ejercer cargo público por el doble de tiempo de la condena”, dice la ley.

En todos los casos habrá la pérdida de los derechos de participación por seis meses. (I)

------------

Consejo Electoral de Pichincha indicó a PAIS sobre procedimiento para veedores

A ocho días de la segunda vuelta, representantes de los movimientos políticos que disputarán el balotaje asisten a las diferentes delegaciones provinciales electorales para conocer sobre los procedimientos a seguir para la veeduría.

Ayer, en Quito, sesionaron miembros de Alianza PAIS, entre ellos Alexandra Ocles y César Jaramillo, con personal del Consejo Electoral de Pichincha.

En esta reunión socializaron el plan operativo electoral, el cual contempla las acreditaciones que entregará el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los veedores de los movimientos políticos.

Los 7.055 delegados podrán acreditarse y serán distribuidos en las juntas receptoras del voto, recintos de transmisión, en la publicación de actas y al momento del escrutinio en la junta provincial electoral.

Los integrantes de PAIS aprovecharon ayer para presentar sus quejas. Por ejemplo, dijeron que en los comicios del 19 de febrero, en varios casos, militares pidieron la salida obligatoria de sus veedores.

Sobre las declaraciones que habría emitido en un medio de comunicación el candidato a la Vicepresidencia de la República por CREO-SUMA, Andrés Páez, sobre conseguir los resultados antes que el CNE, Ocles dijo que la información oficial debe recibirse desde el organismo de control y llamó a esos  manifiestos “un acto de irresponsabilidad para con el país”.

Hoy, en cambio, cumplirán la sesión con integrantes de CREO-SUMA. (I)

Contenido externo patrocinado