De 37 asambleístas que firmaron la petición para tramitar el juicio político contra el ministro de Educación, Augusto Espinosa, solo 16 confirmaron su asistencia la mañana de ayer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que inició la recolección de pruebas para analizar si autorizan la interpelación del funcionario en el pleno.

De los 16, sin embargo, asistieron 8 e intervinieron en el debate 6. De ellos, solo el ponente de la petición de juicio, el asambleísta del movimiento Avanza, Byron Pacheco, aportó con las supuestas pruebas para el juicio político.

Dejó en la Comisión, como evidencia  para proceder a la interpelación, recortes de prensa sobre declaraciones del Ministro en 3 periódicos privados, así como una entrevista de televisión en donde Espinosa  opina sobre el tema de la omisión en la contratación de seguros para las construcciones educativas.

También entregó un documento que registra la contratación de seguros por $ 24 millones para vehículos, maquinaria e inmobiliario del Ministerio de Educación, efectuada por el Ministro quien -según Pacheco- invoca el artículo 5 del Reglamento de Uso de Bienes del sector público que obliga a contratar seguros para los bienes del Estado.

Por eso, el militante de Avanza, movimiento que hasta hace poco colaboró con el Gobierno, dijo que el Ministro debe ser enjuiciado políticamente y, por ende, destituido,  ya que incumplió con lo que indica el mencionado Reglamento, lo cual perjudicó económicamente al país. Citó como ejemplo la destrucción de la escuela del milenio de Pedernales (Manabí), el 16 de abril, producto del terremoto y de que no estaba asegurada. “Solo en este caso hay un perjuicio de más de $ 4 millones”, aseveró.

El asambleísta Víctor Medina, miembro de la Comisión de Fiscalización, indicó que el lunes esperan recibir al Ministro para que entregue las pruebas de descargo. Después, los 11 integrantes de la Comisión analizarán la evidencia y votarán si cabe la interpelación en el pleno de la Legislatura. (I)