Vía reforma, consulta o decreto, el fin es el mismo: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad del Estado creada tras la Constitución de 2008, para promover la acción de los ecuatorianos en la toma de decisiones en la gestión pública.

Uno de los impulsores es el candidato presidencial de CREO, el banquero Guillermo Lasso, quien aduce que sería una forma de reducir el gasto público.

Por su parte, Paco Moncayo (Acuerdo por el Cambio) sostiene que se debe consultar a la ciudadanía para reformar la Constitución que permita la desaparición del CPCCS. También Lucio Gutiérrez, candidato a la Asamblea por Sociedad Patriótica (PSP), es partidario de su eliminación.

Raquel González, titular del CPCCS, advierte que sería un retroceso en el empoderamiento ciudadano. Aclara que el pleno del organismo no es el que elige las autoridades, sino que arman los procesos públicos con veedurías e impugnación ciudadana.

Para el sociólogo Napoleón Velasteguí, mal se haría en desechar esta herramienta de participación, sobre todo porque es un mecanismo que recién está tomando impulso.
Considera que si es necesario, se debería cambiar la metodología de aplicación de la participación, mas no eliminar porque sería “matar un proceso que todavía está en la cuna, no podemos limitar la acción ciudadana, sino fortalecerla”.

Sin embargo considera que debe resolverse la burocratización del sistema, que “no ha sabido sintonizar con las demandas ciudadanas”.

Este criterio es compartido por el dirigente afroecuatoriano Emiro Quiñónez. Manifiesta que de ninguna manera debe eliminarse pero “sí debe desburocratizarse el trabajo”. Como ejemplo asegura que la mayoría de trámites se ejecutan en Quito y que ciertos mandos medios hacen quedar mal a quienes impulsan la participación ciudadana.

En lo que va de 2016 se han creado 270 consejos barriales en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y Pichincha. Además, se ha conformado un promedio de 120 a 130 veedurías para vigilar los procesos de selección de autoridades que hasta 2007 eran escogidos por  el exCongreso, el Ejecutivo y los vocales de tribunales electorales por los partidos políticos. (I)