El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, se reunió este miércoles con las diferentes autoridades de control del Estado para abrir espacios de trabajo coordinado con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción.

Al término del encuentro, que duró cerca de 3 horas, Ernesto Pazmiño, defensor público, señaló que conversó sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en “donde desentramamos muchas interferencias que tiene el Código para luchar contra la corrupción”.

Habló de la necesidad de eliminar un requisito de procedibilidad en la investigación sobre un caso de corrupción, en donde se exige un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal para que el fiscal inicie una indagación previa. “El trabajo avizora que habrá un nuevo mecanismo de coordinación entre las instituciones públicas, pero, sobre todo, garantizando la independencia”, agregó Pazmiño. 

Según el defensor público, el presidente electo estaría de acuerdo, también, en la despenalización del aborto en caso de violación. “No puede ser el Ecuador el único país que envía a la cárcel a mujeres que abortan en caso de violación”.

Además hizo hincapié en la necesidad de humanizar la prisión preventiva. “El sistema judicial debe estar para perseguir delitos complejos, graves, de corrupción del Estado, narcotráfico, violación”, dijo Pazmiño.

En la cita  estuvieron los representantes de las 8 entidades de control, entre otros, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura; el fiscal Galo Chiriboga; Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE); el contralor Carlos Pólit, además de Christian Ruiz, titular de la Función de Transparencia. También los superintendentes Carlos Ochoa (Información y Comunicación), Suad Manssur (Compañías), Hugo Jácome (Economía Popular y Solidaria). 

Jalkh reconoció su “apertura al diálogo” y lucha contra la corrupción. Destacó la carrera judicial que -a su criterio- es el reflejo de la independencia judicial. También abordó la necesidad de luchar contra la violencia intrafamiliar. Comentó que el Ecuador asumió los objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Indicó que el Ecuador es de los pocos países que actualmente poseen indicadores medibles de acceso a la justicia e independencia judicial. Por ello agregó que entre 2011 y 2012 hubo más de 2 millones de procesos judiciales; mientras que “ahora hay mayor demanda, mayor acceso y 720 mil procesos judiciales en trámite”.

A criterio de Christian Ruiz, presidente de la Función de Transparencia, la prevención y lucha contra la corrupción no solamente es un compromiso de las funciones de control, sino de todos los ecuatorianos. Ratificó el aporte de las carteras de Estado en favor del país.

Moreno señaló que “existirá el respeto e independencia de funciones". Afirmó que se ejecutará un trabajo coordinado y mancomunado para alcanzar grandes objetivos en común, como el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción”.

Pidió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ampliar sus funciones con miras a aportar al “diálogo, consenso y acuerdos mínimos”. Según Moreno, esas premisas serán fundamentales en su política de Estado.

Manifestó que el objetivo es el trabajo coordinado y fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción. Por ello solicitó a todas las funciones un informe de la gestión, con la finalidad de fortalecer la independencia de cada una. (I)