La Constitución aprobada en Montecristi en 2008, creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como entidad autónoma que forma parte del Quinto Poder o Función de Transparencia y Control Social.

El organismo fue creado como un espacio de participación de la ciudadanía, en la toma de decisiones del Estado y ejercer control social. Según la norma suprema, además el nuevo organismo se encargará de  realizar procesos de selección, de entre las ternas propuestas por el Ejecutivo, de los titulares de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana respectivos.  

También designa al Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General y Contralor General, a los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral al cabo de un proceso de selección.

La Constitución establece también la posibilidad de organizar otros mecanismos de participación ciudadana tales como audiencias públicas, cabildos populares, asambleas, consejos consultivos, observatorios y veedurías a fin de aprobar planes de desarrollo en las diversas instancias territoriales e institucionales del Estado.

Para el vicepresidente del CPCCS, Edwin Jarrín, estos avances considerados como de los más importantes en la historia democrática del país, porque por primera vez la ciudadanía puede intervenir en la toma de decisiones públicas, están en riesgo con la propuesta del candidato presidencial del Movimiento CREO, Guillermo Lasso.

La propuesta de Lasso

En el Plan de Gobierno del candidato-banquero, en la página 16 donde explica lo que denomina Eje Institucional, señala que “esta será la ocasión propicia para consultar a los ecuatorianos sobre la despolitización inmediata de nuestros organismos de control, que a través del quinto poder han logrado captar instituciones tan importantes como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, las superintendencias, entre otras”.

El 29 de octubre pasado en un evento político desarrollado en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil, Lasso reveló que uno de sus objetivos es eliminar el Cpccs, mediante consulta popular.

Pero  no solo eso, sino también “cesar a las autoridades de control” que han sido designadas, como el Fiscal, Contralor, entre otros”.

El dirigente de CREO y asambleísta electo, Guillermo Celi, indicó que se mantiene vigente la oferta de que en los primeros 30 días de gobierno, Lasso llamará a una consulta popular para cesar a las autoridades de los órganos de control.

Derechos deben ser progresivos

“Mal se haría en desechar esta herramienta de participación ciudadana, sobre todo porque es un mecanismo que recién está tomando impulso”, dijo el sociólogo Napoleón Velasteguí. La presidenta del CPCCS, Raquel González, advierte que si se elimina este organismo sería un retroceso en el proceso de empoderamiento ciudadano.

Aclara que el pleno del Consejo de Participación no es el que elige las autoridades, sino que se encarga de impulsar los procesos públicos con veedurías e impugnación ciudadana.

Quienes piden que desaparezca “tienen miedo de los procesos de impugnación ciudadana, quieren recuperar esta facultad para repartirse en cuotas y que cada sector se beneficie y satisfaga sus intereses”.

Cómo se eligen las autoridades

De acuerdo con lo que dispone la Constitución vigente, para cumplir sus funciones de designar autoridades, el CPCCS debe organizar comisiones ciudadanas de selección, encargadas de llevar a cabo el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana.

Las comisiones ciudadanas están integradas por 10 personas: un delegado de cada una de las cinco funciones del Estado y los otros cinco de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. Todos los delegados son escogidos por sorteo público.

Los postulantes, previamente son sometidos a escrutinio público e impugnación ciudadana. Una vez integradas son dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, que tendrá voto dirimente y sus sesiones serán públicas.

Según el Art. 210 de la Constitución, en el caso de designación de autoridades, el CPCCS escoge a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso e informa a la Asamblea Nacional para la posesión respectiva.

Para la selección y designación de los titulares de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias, la designación se hace de entre los miembros de una terna propuesta por el Ejecutivo que son sometidos a concurso público. (I)

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Hasta 2008 se requería de un acuerdo en el Congreso para elegir autoridades

Según la anterior Constitución, era el Congreso el que designaba las autoridades de control sin la intervención de la ciudadanía.

Los diputados nombraban al Procurador, de una terna enviada por el Ejecutivo y al Fiscal General, de entre tres candidatos planteados por la Judicatura.

A su vez, al Defensor del Pueblo lo elegía el Legislativo, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, así como a los superintendentes; a los vocales del TC, TSE y a los del directorio del Banco Central del Ecuador.

En el caso del Contralor era escogido por el Presidente de una terna enviada por el Congreso. Este sistema de designación de autoridades fue causa de acuerdos oscuros, pactos, componendas, corrupción y hasta enfrentamientos por los intereses que estaban en juego, lo cual motivó que en la Constituyente de 2008 el tema sea modificado.

En el viejo Congreso era tan complicado ponerse de acuerdo, que en enero de 2003, estaba entrampado el nombramiento de todas las dignidades. Cada partido presionaba para que se incluya a sus candidatos. Pasaron cuatro años para tener nuevo Contralor.

El exdiputado y exministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, reconocía que ciertos sectores querían lograr que se nombre a un Contralor “vinculado con sus propios intereses”. La ID, PRE, PRIAN, MPD y el PS bloqueaban la elección en esa época. (I)